La enseñanza concertada alerta de que las medidas aprobadas en varias CCAA ponen en peligro la libertad de elección

"Lo que está en peligro es la libertad de los padres de elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, que es un derecho constitucional. Este tipo de enseñanza no se enfrenta a la pública, pero ésta no puede ser la única", afirma en declaraciones a Europa Press el portavoz de Concertados, José María Alvira, una plataforma integrada por Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de familias y Padres de Alumnos (COFAPA).

En España, uno de cada cuatro alumnos estudia en un colegio concertado y esta plataforma defiende que en los 30 años que este modelo de enseñanza lleva instaurada se han beneficiado diez millones de familias. "El ciudadano es el mayor evaluador de la enseñanza y tiene el derecho de elegirla en igualdad de oportunidades", defiende el presidente de CECE, Alfonso Aguiló.

La última polémica se ha producido esta semana en Castilla-La Mancha, donde PSOE y Podemos han pactado congelar la financiación destinada a colegios concertados en los presupuestos autonómicos, que ha coincidido con el periodo de admisión de alumnos para el curso que viene. El partido de Pablo Iglesias se ha manifestado en contra de este tipo de enseñanza desde el principio y en su programa electoral para las generales planteaba ya la eliminación progresiva de los conciertos educativos.

LA "BARRA LIBRE" DE CONCIERTOS

Lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha ha estado precedido de otras decisiones autonómicas. El Gobierno valenciano (PSOE-Compromís) aprobó el pasado mes de noviembre un nuevo decreto de admisión escolar en el que introdujo la prohibición expresa de que los centros concertados cobren las llamadas 'cuotas voluntarias' a los padres, sin las que, según advierten los afectados, no pueden garantizar un servicio de calidad. "Se ha acabado la barra libre para los concertados", dijo el consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, poco después de asumir el cargo.

En Murcia se han recortado tres millones de euros del presupuesto para 2016 a la enseñanza concertada tras pactar PSOE, Podemos y Ciudadanos una enmienda que, según advirtió el Gobierno murciano del PP, obligará a que unos 1.100 alumnos de la red concertada sean trasladados a la pública.

Algo similar a lo de Murcia estuvo a punto de ocurrir en la Comunidad de Madrid a finales de 2015, pero Ciudadanos se echó atrás en el último momento. En comisión, el partido de Albert Rivera pactó con PSOE y Podemos reducir 2,9 millones el presupuesto a la concertada, pero en el Pleno de la Asamblea madrileña presentó un voto particular a la enmienda para evitar retraer esa partida.

SUPRESIÓN DEL CONCIERTO A LA FP SUPERIOR EN MADRID

Sin embargo, pese a esta rectificación, desde la plataforma Concertados alertan de que en Madrid se han suprimido los conciertos en la FP de grado superior, no se han mejorado las plantillas para la implantación de la LOMCE y se ha recortado un 22% el módulo económico en los convenios de centros infantiles de cero a tres años, entre otras medidas.

Hay algunas comunidades autónomas en las que no se prevén conflictos. Es el caso de Castilla y León, Cataluña, La Rioja o País Vasco, que aunque esta última está en pleno proceso de negociación de la planificación para el próximo periodo de concierto educativo, así como de los criterios y ratio de concertación, desde Escuelas Católicas aseguran que las reuniones con el Departamento de Educación vasco se están celebrando "en un ambiente de transparencia y cordialidad".

INCERTIDUMBRE EN CANTABRIA Y EXTREMADURA

La concertada dice que en Cantabria existe "bastante incertidumbre" sobre el futuro en cuanto a la libertad de elección y de concertación y recuerda que la Consejería de Educación dijo recientemente que se respetarían todos los conciertos que fuesen estrictamente necesarios, algo que estos centros interpretan como el inicio de la "aplicación del principio de subsidiariedad de la concertada respecto a de la pública", en lugar del de "complementariedad".

En Extremadura, ahora gobernada por el PSOE, la Junta ha publicado una resolución que establece que las vacantes serán determinadas por las delegaciones provinciales, lo que ha provocado el "temor" en la concertada por las unidades de Educación Infantil de zonas rurales donde hay poco crecimiento demográfico.

En esta comunidad los centros concertados temen también que en el proyecto de presupuestos autonómicos se recorte la financiación y denuncian también que la concertada siga excluida del programa de intercambio de centros educativos extremeños y extranjeros, pese a contar con el aval de Tribunal Supremo.

LAS NOTAS, SUSCRITAS POR UN DIRECTOR DE INSTITUTO

En Galicia, gobernada por el PP, la concertada se encuentra con los siguientes "problemas": los certificados de matriculación y de notas tienen que ser suscritos por el director de un centro público, lo que ha provocado, según denuncian, que en algún caso "se haya intentado modificar las notas de los alumnos de los centros concertados"; se veta el cambio de centro escolar de los alumnos de la pública a la concertada, pero no al revés; y la Administración quiere el próximo curso centralizar la solicitudes de plaza "impidiendo a las familias conocer los proyectos educativos e idearios a la hora de elegir el centro".

También en Galicia, la concertada se queja de que a estos centros no se les concede la misma dotación que a los públicos para orientadores, pese a que en alguna provincias gallegas asumen la escolarización de más alumnos con necesidades educativas especiales; y los alumnos son excluidos de programas de mejora del éxito escolar o de idiomas.

NO SE CONCIERTA LA FP BÁSICA EN CEUTA Y MELILLA

Igualmente, la concertada tiene problemas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están bajo la gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Según denuncia Escuelas Católicas, la planificación administrativa de la nueva FP Básica es unilateral y no hay ningún centro concertado autorizado para impartir este ciclo fruto de la LOMCE.

En Baleares, los centros sostenidos con fondos públicos se quejan de la "fiscalización inquisitoria" de las titulaciones de su profesorado contratado hace años y de la modificación del proceso de admisión de alumnos con la vuelta de listas de espera o la denegación de conciertos por baja ratio alumno-unidad. Y en Aragón alertan de que existe el riesgo de que desaparezca el Plan de Bilingüismo implantado hace unos años.

CONTENCIOSOS EN ANDALUCÍA

Los centros concertados mantienen los contenciosos administrativos con la Junta de Andalucía por la reducción de las unidades ante una "supuesta" disminución demográfica mientras se ampliaban las unidades públicas en las mismas zonas y por disminuir unidades de concierto por baja ratio a mitad de curso.

Además del conflicto sobre la educación diferenciada en esta comunidad, los concertados denuncian la injerencia de la Administración andaluza en las relaciones laborales, que exige incluso su autorización para cualquier modificación del cambio horario en los centros concertados; la denegación de actividades y servicios complementarios, pese a las sentencias en favor de la concertada; y diferencias de trato respecto de la pública en cuanto a ayudas y ratios.