Las indígenas y afrodescendientes quieren ser autoras de políticas públicas

Según datos difundidos en el marco de la reunión convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 59% de los indígenas que viven en la región son mujeres (26,5 millones) y provienen de más de 400 grupos étnicos distintos.

La peruana Tania Pariona, del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), lamentó la escasa participación del género femenino como "verdadero autor de las políticas públicas" y no solamente como sujeto, aunque admitió que "el derecho ha avanzado" en algunos aspectos.

Con respecto al empoderamiento económico de las indígenas, precisó que ya asumen ese papel desde la cotidianidad de su labor como artesanas o agricultoras, aunque hay que "mejorar en términos de calidad, eficiencia y remuneración" del trabajo.

Según datos presentados en el encuentro, en Perú el sueldo de las mujeres indígenas representa el 31% del salario de los hombres y un 30% del de las no aborígenes.

Asimismo, la población que trabaja en servicios domésticos en Bolivia está constituida por un 90% de mujeres y el 70% de ellas son indígenas.

Esos datos, según se coincidió en el debate, remarcan la falta de reconocimiento del aporte de las mujeres indígenas a las economías locales y nacionales.

Pauline Sukhai, ministra de Asuntos Amerindios de Guayana, subrayó la importancia del liderazgo femenino y la necesidad de claridad en la política, a través de planes sociales que lleguen a cubrir las necesidades de las mujeres y que no "se choquen" entre ellos.

En el mismo debate, la representante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y la Diáspora, Tania Ramírez, preguntó "¿para qué sirven todos los tratados, las políticas y los acuerdos (para la promoción social y la igualdad de género) si las destinatarias no están enteradas?".

Según Ramírez, existen en algunos países leyes que no se aplican en forma correcta y que además son desconocidas por las indígenas y afrodescendientes, que son objeto de ellas, lo que les impide ejercer la defensa de sus derechos.

En ese sentido, se planteó que las nuevas tecnologías podrían ser una herramienta para la divulgación de esas leyes y favorecer la presión de las afectadas, pero el problema radica en la exclusión digital que sufren esos colectivos de mujeres.

La undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe concluirá este viernes con la aprobación del llamado "Consenso de Brasilia", que recogerá el resultado de cuatro días de debates.