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La inundación de la desaladora de Bajo Almanzora pudo evitarse, según Ecologistas, que culpa a Junta anzaluza

La inundación de la desaladora de Bajo Almanzora (Almería), cuyo contrato de construcción está bajo sospecha de fraude en el marco de la operación 'Frontino', está construida en una zona de "muy alto riesgo de inundación", por lo que Ecologistas en Acción considera que se podría haber evitado y culpa a la Junta de Andalucía de ser el principal responsable, seguida del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Ayuntamiento y de FCC.
La organización ha informado de que ha elaborado un informe que ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional al entender que estas entidades podrían haber cometido un delito al permitir que la desaladora se ubicara en el lugar.
A su juicio, si la desaladora se hubiera instalado en otro lugar se habría evitado la reclamación de una indemnización posterior para reparar los daños en la que presuntamente se fijó una compensación irregular a esta empresa de 40 millones de euros, aunque finalmente esta cantidad no ha sido abonada.
En concreto, Ecologistas señala que la desaladora se construyó en la confluencia de dos ramblas, la de Almanzora y la de Canalejas, de modo que probablemente ocupó una parte del cauce de una de ellas, por lo que su inundación, que tuvo lugar en septiembre de 2012, "era totalmente previsible y podría haberse evitado".
Esta se la principal conclusión de un informe elaborado por Ecologistas en Acción, que incluye fotografías del antes y el después de la construcción de la planta en las que según la organización se aprecia que se ubica en un área de "muy alto riesgo de inundación".
También incluye en el estudio una fotografía de 1973, en la que se ve correr la rambla del Almanzora con gran cantidad de agua. De hecho, según dice el informe, si en 2012 se hubiese producido una avenida similar a la de 1973, los daños generados en la desaladora hubiesen sido mucho mayores.
En septiembre de 2012, unas lluvias torrenciales provocaron una avenida que inundó la planta y la dejó inservible, con daños de entre 10 y 15 millones de euros.
Por ello, manifiesta que la "principal responsabilidad de la ubicación de la planta en zona inundable", causa inicial de todo el escándalo de Acuamed (Operación Frontino), recae sobre la Junta de Andalucía, al ser la autoridad competente en temas de agua y dominio público hidráulico en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde se encuentra situada la desaladora. También advierte de posibles responsabilidades en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, del Ayuntamiento y de FCC.