La justicia para las víctimas del Jemer Rojo en manos del tribunal de la ONU

Kaing Guek Eav, antiguo jefe de la máquina de matar del Jemer Rojo, es el primero de los cinco ex destacados miembros del grupo radical que serán juzgados por crímenes de guerra y contra la humanidad por el equipo de jueces camboyanos elegidos por el Gobierno de Camboya y extranjeros designados por la ONU.

El "camarada Duch", como así le llamaban sus correligionarios, fue el director del centro de torturas de Tuol Sleng o S-21, por donde en apenas tres años y medio pasaron unas 14.000 personas para ser interrogadas antes de ser ejecutadas entre los muros la antigua escuela o en el campo de exterminio de Choeung Ek, a las afueras de Phnom Penh.

Duch y su máquina de matar simbolizan el genocidio cometido por el Jemer Rojo entre abril de 1975 y enero de 1979, periodo en el que cerca de 1,7 millones de personas, o una cuarta parte de la población que por entonces tenía Camboya, fueron ejecutadas o murieron de hambruna o por enfermedades en los inmensos campos de trabajos forzados.

"Si este tribunal no consigue rápidamente y fácilmente condenar a Duch por su crímenes con la documentación que existe y que prueba su culpabilidad, es improbable que condene al resto de los acusados, que están bien defendidos y su rol en el genocidio resulta más complicado de probar", señaló Peter Maguire, jurista estadounidense experto en el proceso judicial contra el Jemer Rojo.

A pesar de la espeluznante cifra de muertos, sólo otros cuatro influyentes ex dirigentes del régimen maoísta están encarcelados y acusados de cometer crímenes similares a los imputados a Duch, quien a diferencia del resto de los acusados que niegan haber tenido conocimiento de las atrocidades e incluso de la existencia de Tuol Sleng, ha admitido su culpabilidad y aceptado su responsabilidad por las acciones que llevó a cabo.

Entre los detenidos se encuentra Nuon Chea, de 82 años y el hermano "número dos" de la jerarquía del Jemer Rojo y mano derecha del que fuera el máximo líder, Pol Pot, quien falleció en abril de 1998 sin revelar los motivos que le condujeron a poner marcha una sistemática campaña de exterminio.

Según los expertos, la defensa de Duch expondrá el argumento de que su cliente obedecía la orden dada por la cúpula del Jemer Rojo de que "cualquiera que sea detenido tiene que morir", e intentará responsabilizar de sus acciones a Nuon Chea, a quien informaba directamente de su gestión al frente del matadero de Tuol Sleng.

Los otros acusados son el ex viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ieng Sary, de 83 años, su esposa Ieng Thirit, de 76 años y quien por entonces era titular de Asuntos Sociales, y el que fuera presidente del régimen de Kampuchea Democrática, Khieu Samphan, de 77 años.

"La composición híbrida del tribunal internacional es un experimento que incluye un alto nivel de participación local", apuntó Heather Ryan, representante de la organización Iniciativa para una Justicia Social Abierta.

La creación del tribunal internacional fue acordada en 2003 después de varios años de difíciles negociaciones entre Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya, que lo administran conjuntamente y han introducido elementos de la legislación internacional y de la nacional.

"Por primera vez en la historia, las normas internas de un tribunal darán a la víctimas la posibilidad de participar como partes", explicó Gabriela González, subdirectora de la sección del tribunal que prepara las intervenciones de los supervivientes.

Las víctimas han sido incluidas en otros juicios similares llevados a cabo con anterioridad por el Tribunal Internacional de Justicia, aunque han desempeñado un papel más limitado que el que tendrán en el que se organiza en Camboya.

Más de 1.300 personas que afirman haber sufrido "daños físicos o psicológicos" durante los años de la barbarie del régimen del Jemer Rojo, han presentado peticiones al tribunal para participar en los juicios.

"A diferencia de la legislación camboyana que contempla la indemnización económica para las víctimas, la regla interna del tribunal internacional establece que las partes perjudicadas recibirán solamente una compensación moral o simbólica", indicaron en un comunicado las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, nombre oficial del tribunal.

Desde que inicio los procedimientos judiciales, el tribunal auspiciado por la ONU ha sido blanco de críticas por comprometer los estándares de la justicia internacional, y por su vulnerabilidad a la manipulación por parte del primer ministro y "hombre fuerte" de Camboya, Hun Sen, quien desertó del Jemer Rojo poco antes de la invasión vietnamita.

"Está todavía por ver si Hun Sen y su Gobierno tienen la voluntad política de juzgar a los jemeres rojos", señaló Maguire.

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) afirmó el pasado fin de semana que las acusaciones de manipulación política y corrupción arrojan una sombra sobre la integridad del tribunal internacional.

En los procedimientos previos, el tribunal ha gastado cerca de 50 millones de dólares, y a finales del año pasado vio como el fiscal nombrado por el Gobierno de Camboya bloqueaba, con el pretexto de "la necesidad de reconciliación nacional", la iniciativa de juzgar a otros seis destacados miembros sometidos a investigación.