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La ley del aborto, en vigor rodeada de polémica

El líder del PP, Mariano Rajoy, no se ha querido pronunciar. Vídeo: Informativos Telecinco.telecinco.es
La controversia generada por la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo desde su aprobación el pasado mes de marzo continúa.
Tras su entrada en vigor, muchos han sido los que han mostrado su firme rechazo a una norma que consideran no acertada. Es el caso de los Gobiernos populares de Navarra y Murcia que han decidido no acatar la ley "de momento" porque "no hay razones para hacerlo", según el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.
El presidente autonómico ha mantenido que no hay por qué seguir la norma hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos presentados en su contra.
A ese respecto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reiterado su confianza en el recurso presentado por su formación al tiempo que ha señalado que en España prima "el derecho a la vida".
La 'número dos' de los populares ha defendido que la reforma "no era necesaria" y, en este sentido, ha subrayado que el Gobierno se "ha inventado una polémica que no era necesaria" porque "no existía ningún tipo de demanda social".
Mientras, este martes acaba el plazo de tres días impuesto para presentar las alegaciones pertinentes sobre la suspensión de la norma. Tras ello, el abogado del Estado remitirá su argumentación al Alto Tribunal para que se siga debatiendo la conveniencia de la aplicación del texto.
La respuesta del Gobierno sobre el Constitucional
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la petición del PP de suspender la vigencia de la nueva Ley del Aborto porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.
Así lo aseguran los servicios jurídicos del Estado en el escrito de alegaciones presentado hoy al tribunal, en el que recuerdan que los poderes de suspensión que tiene éste "están tasados" y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de "presunción de legitimidad".
"Sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad, que no contempla la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y cuya supresión fue decidida por las Cortes Generales", añade la Abogacía del Estado. EPF