Los logopedas piden al Gobierno que no se les excluya de la colegiación obligatoria

En su opinión, "la no inclusión de la profesión logopédica en dicha ley perjudicará gravemente a los pacientes". Los colegios profesionales de logopedas, recuerda, "tienen la misión de ordenar y controlar el ejercicio profesional para garantizar la buena práctica, regular la formación y certificación académica del profesional ejerciente y poner todos los medios a su alcance para luchar contra el creciente intrusismo profesional por parte de personas no tituladas que con sus negligentes actuaciones ponen en riesgo la salud y seguridad de los pacientes".

El logopeda es el profesional sanitario que se ocupa del estudio, la prevención, la evaluación, el diagnóstico logopédico y el tratamiento de los procesos de la comunicación humana, de las funciones orales no verbales y de las alteraciones que le están relacionadas (trastornos de la deglución, la audición, el habla, la voz, el lenguaje, etc) así como los medios para prevenirlos, evaluarlos y tratarlos, interviniendo en todas las etapas de la vida.

Según establece el artículo 2 de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la Logopedia es una profesión sanitaria titulada: el colectivo logopeda posee una titulación sanitaria y formación específica para garantizar la seguridad y salud del usuario, pues su actuación requiere la manipulación directa sobre el paciente, incidiendo de forma directa en la salud física y/o cognitiva y en la seguridad de los usuarios de sus servicios, de forma que una mala praxis profesional podría conllevar un daño irreparable e incluso riesgo de muerte para el paciente.

"A pesar de que la Logopedia cumple todos los requisitos para la colegiación obligatoria, (riesgo de muerte, intrusismo profesional, indicación de productos sanitarios) su inclusión entre las profesiones de obligada colegiación es incierta, lo cuál está generando una gran inquietud y alarma social en el colectivo de profesionales, usuarios y la sociedad en general", concluye.

Por lo tanto, insiste en que se hace "prioritario que se mantenga la colegiación obligatoria", ya que "es la única forma de protección eficaz de los consumidores al identificar la profesión, exigir una calificación profesional, desarrollar un estricto control deontológico y tener establecido un sistema garantizado de responsabilidad profesional".