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Los regantes piden en un manifiesto un Pacto Nacional que refuerce las competencias del Estado

La Federación Nacional de Comunidades de regantes (FENACORE) ha aprobado este 30 de marzo un manifiesto de apoyo a la planificación hidrológica en el que, entre otras cuestiones, reclaman la puesta en marcha de un Pacto Nacional del Agua que refuerce las competencias del Estado y asegure "un horizonte estable" al respecto.
Según FENACORE, la aprobación de un Pacto Nacional del Agua permitirá al Estado ejercer "plenamente y sin injerencias" de las autonomías sus competencias sobre la gestión del Dominio Público Hidráulico y la planificación hidrológica en las cuencas intercomunitarias lo que asegurará "un horizonte estable, justo y ordenado del agua en España".
Asimismo, más de un centenar de regantes --reunidos en junta directiva con carácter previo a la jornada técnica de este jueves donde abordarán los retos de eficiencia energética e hidráulica en el regadío-- han aprobado un manifiesto en favor de un consenso global entre los partidos mayoritarios que haga posible el desarrollo de una política hidrológica "largoplacista y basada en el interés general".
De esta forma, los regantes han insistido en que los planes de cuenca que se aprueben deben ejecutarse durante el ciclo político que corresponda sin depender de las prioridades de quien gobierne por lo que, como han reiterado, este pacto nacional terminaría con la visión localista del agua que, a su juicio, intentan imponer las autonomías, al proteger el principio constitucional de unidad de cuenca.
Los regantes también han mostrado su respaldo a los Planes Hidrológicos aprobados por el Gobierno el pasado mes de enero --mediante el Real Decreto 1/2016-- ya que han afirmado que representa un ejemplo de consenso entre usuarios, comunidades autónomas y representantes sociales.
En este sentido, han destacado que los planes de cuenca --Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro-- han sido aprobados de acuerdo con lo previsto en la legislación española (Ley de Aguas) y europea (Directiva Marco de Aguas), con el apoyo mayoritario de los Consejos del Agua y prácticamente el apoyo unánime de los usuarios.