La mayoría de los inmigrantes deportados de EE.UU. no cometió actos de violencia

Las causas que condujeron a la deportación de un 77 por ciento de los inmigrantes legales fueron delitos menores no violentos, como la posesión o el tráfico de marihuana o cocaína.

Además, uno de cada cinco inmigrantes detenidos permanecía en el país de forma legal, algunos de ellos incluso durante décadas.

El informe de HRW, una organización no gubernamental con sede en Washington, analiza datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) entre 1997 y 2007.

El objetivo era evaluar los efectos de las leyes de deportación aprobadas en 1996, según señaló HRW en un comunicado.

"En los 12 años que han pasado desde que se aprobaron esas leyes, nadie se ha preocupado por averiguar si la ICE se centró realmente en el grupo al que decía dirigirse: los inmigrantes indocumentados detenidos por crímenes serios y violentos", dijo en el comunicado Alison Parker, directora de la división estadounidense de HRW.

"Ahora sabemos que un gran número de los deportados estuvieron aquí legalmente y fueron condenados por delitos no violentos", añadió Parker, que es la autora del informe.

A la luz de la documentación, HRW pidió al Congreso y al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, una revisión de las leyes de inmigración, para reducir las órdenes de deportación a los inmigrantes que están en el país legalmente.

Según la organización, las leyes de inmigración deberían, como mínimo, otorgar a los inmigrantes legales que se enfrentan a la deportación la posibilidad de "pedir a un juez que les permita quedarse en Estados Unidos cuando sus delitos son menores y sus lazos familiares dentro del país son fuertes".

Las deportaciones por actividad criminal suelen aplazarse hasta que el inmigrante ha cumplido la totalidad de su condena, punto en el que se les somete a una audiencia en la que los jueces tienen "las manos atadas por los términos de las leyes de 1996".

En concreto, indica HRW, los jueces "no pueden tener en cuenta las relaciones familiares o las contribuciones positivas" que ha hecho el inmigrante, y su función se limita, a menudo, a "determinar si la persona es un inmigrante condenado por un delito que conlleva la deportación".

A partir de datos del Censo y de estudios del Centro Hispano Pew, el informe concluye que más de un millón de familiares han sido separados de sus seres queridos como resultado de estas deportaciones.

"Hemos de preguntarnos por qué, en una era de crisis fiscal, gran parte de los fondos destinados al control de la inmigración se están gastando en deportar a residentes legales que ya han cumplido condena por sus delitos", señaló Parker.

La responsable de HRW denunció que muchos de esos inmigrantes "han servido en el Ejército o tienen negocios", y que a menudo se ven "separados de familiares que también son residentes legales o ciudadanos".