La memoria de los años del terrorismo aún escuece en Perú

Desde hace dos semanas, prácticamente el gobierno en pleno y la clase política peruana, además de intelectuales, periodistas y blogueros, se han involucrado en un debate que demuestra hasta qué punto las heridas siguen abiertas a la hora de juzgar un conflicto que dejó en el camino a 70.000 muertos, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).

El eje del "museo de la memoria" sería la exposición "Yuyanapaq", una muestra de 200 fotografías que se exhiben actualmente en el Museo de la Nación, unas fotografías tan contundentes en su crudeza que conmovieron al gobierno alemán y derivaron en su propuesta de donar dos millones de dólares para construir y mantener ese museo.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno han ido desde la supuesta parcialidad del proyecto, según el presidente García, hasta que el país tiene otras prioridades como la de dar de comer a su población, en palabras del ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz.

Las palabras de Flores-Aráoz le valieron un contundente artículo de Mario Vargas Llosa publicado el domingo en el que reflexionaba: "¿qué pude inducir a un hombre que no es tonto a decir tonterías? La intolerancia y la incultura".

Vargas Llosa encabeza además una lista de prestigiosos intelectuales -escritores, teólogos y sociólogos- que reclaman la necesidad moral de ese museo y critican al gobierno peruano por desestimar tan generosa oferta de Alemania.

El académico Salomón Lerner, que presidió la CVR, encargada de arrojar luz sobre el conflicto, comentó a Efe que los argumentos se oponen al museo esconden en realidad la verdadera razón: que "Yuyanapaq" representa "una crítica muy fuerte a la clase política peruana y a toda una sociedad que fue insensible ante las víctimas".

Lerner destacó que los años que recoge la muestra fotográfica abarcan el primer mandato de Alan García (1985-1990) y el mandato completo de Fujimori, lo que tal vez explique que García y sus ministros quieran zancadillear el proyecto.

La legitimidad de la lucha antiterrorista y los abusos cometidos en ese contexto están centrando estos días la fase final del juicio contra Alberto Fujimori, en el que gran parte de la argumentación es dirimir si hubo o no una deliberada "guerra sucia" diseñada desde el gobierno o fueron simples abusos cometidos individualmente por soldados o policías.

En los medios militares abunda la impresión de que hay una "caza de brujas" contra muchos de sus hombres que participaron en aquella guerra no declarada.

El año pasado el ejército quiso dejar para la posteridad su particular visión de los hechos escribiendo y financiando una película, "Vidas paralelas", en la que todos los excesos los cometían los fanáticos militantes de Sendero Luminoso, y frente a ellos los soldados se limitaban a cumplir con su deber.

Menos sesgada, "La teta asustada" (Oso de Oro en el último festival de Berlín) cuenta cómo la violencia afectó sobre todo a mujeres pobres andinas, que creían que el pavor en el que vivían inmersas lo transmitían a sus hijos a través de la leche materna.

La opinión pública peruana, también muy dividida, oscila en los sondeos de opinión entre el reconocimiento a Fujimori por su manejo en la política antiterrorista y la condena al gobernante por los abusos cometidos en esta estrategia.

El canciller peruano José Antonio García Belaúnde ha sido el último miembro del gobierno en participar en la polémica al asegurar que "las heridas aún siguen abiertas y el informe (del CVR) no ha provocado la reconciliación a la que estaba llamada".

García Belaúnde hizo suyas las palabras de un filósofo español al asegurar que, como en el caso del franquismo, "no menos de treinta o cuarenta años se necesitan para que una sociedad esté en condiciones de procesar esto".