300 personas piden ante el Congreso que sean las últimas elecciones en las que no votan ciudadanos con discapacidad

Unas 300 personas se han concentrado este viernes 17 de junio frente al Congreso de los Diputados para exigir el derecho de voto de casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, a las que un juez se lo ha negado, y también para reclamar que las próximas elecciones generales del 26 de junio sean accesibles para este colectivo.

En plena campaña electoral y a pocos días de un nuevo desenlace, el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI), ha organizado esta protesta "festiva y pacífica" en la Plaza de las Cortes en Madrid para recordar a los políticos y a toda la sociedad que en España hay miles de personas no pueden votar "por ser distintas".

Bajo el lema 'Vota para que votemos', este acto ha consistido en la instalación de tres mesas electorales simuladas para que todos los asistentes voten por medio de papeletas accesibles, pidiendo el derecho de sufragio para toda la ciudadanía y la accesibilidad de los procesos electorales. la iniciativa se puede apoyar en Twitter con el 'hashtag' #Votaparaquevotemos.

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

"Esto es una violación de los Derechos Humanos, España está en deuda con Naciones Unidas, que le ha dicho que tiene que reformar su Ley Electoral, pero los sucesivos Gobiernos y parlamentos no la han modificado. Además, queremos con esta reivindicación que sea el último proceso electoral en el que haya personas con discapacidad que no puedan votar", ha aseverado en declaraciones a Europa Press el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

El máximo representante de esta organización ha indicado también que esta concentración tiene como objetivo también exigir que el proceso electoral sea "universalmente accesible" para que una persona sorda tenga los apoyos de intérpretes de lengua de signos o cualquier soporte material o técnico; una con discapacidad intelectual tenga acceso a programas de 'lectura fácil'; que las personas ciegas puedan formar parte de las mesas electorales; y que ningún colegio electoral tenga barreras para las personas con dificultades de movilidad. "No hay plena accesibilidad", ha denunciado.

"Los temas de discapacidad no interesan, aunque éste en concreto tenga coste cero y Hacienda no pueda decir nada. Esta situación responde a la falta de compromiso y a la falta de conciencia de los Derechos Humanos. Por o este tipo de actuaciones y concentraciones, para que se visibilice que esto responde aun déficit democrático", ha afirmado Pérez Bueno.

REUNIÓN CON RAJOY

Ante la reunión este viernes en Galicia del CERMI con el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a la Presidencia, Mariano Rajoy, el presidente de esta organización ha avanzado que uno de los principales temas que le van a plantear es el del derecho al sufragio.

"Rajoy ha sido presidente del Gobierno cuatro años y medio, ha conocido esta petición desde el principio, pero no ha hecho lo debía haber hecho teniendo además mayoría absoluta. Esperamos que en la próxima Legislatura, tenga la posición que tenga el PP, se adhiera a este movimiento y que con un gran consenso parlamentario se apruebe la reforma de la ley electoral", ha apostillado.

Sobre el reciente pronunciamiento de la Junta Electoral Central, en el ha dejado claro que si las personas con ciegas no pueden a día de hoy formar parte de las mesas electorales es porque el Gobierno de Mariano Rajoy no ha llegado a cambiar la normativa electoral para facilitar la participación de este colectivo, Pérez Bueno ha dicho que "discrepa" porque debía haber hecho una intepretación jurídica más amplia.

En este sentido, ha subrayado que además de la Ley Electoral "hay una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y tenía que hacer un interpretación jurídica integrada de todo el ordenamiento".

"LA CULPA TAMBIÉN ES DE LOS JUECES"

Por esta concentración han pasado representantes de varios partidos políticos y de organizaciones con discapacidad, pero sobre todo familiares y amigos de personas con discapacidad para apoyar la iniciativa.

"Venimos con nuestro hijo de 52 años, que tiene una discapacidad intelectual del 72%, al que le dieron la incapacidad jurídica hace dos legislaturas. Una jueza le preguntó a quién iba a votar y, al escuchar su respuesta, le quitó este derecho", cuenta Carmen a Europa Press, que denuncia que la magistrada "no podía preguntarle eso".

Su hijo, que había votado "toda su vida" tras cumplir la mayoría de edad, ya no participa de los procesos electorales, algo que, según sus madre, "le pone enormemente triste". "Tenemos que mentirle y decirle que vamos a por el pan cuando vamos a votar", explica esta madre. "La justicia en España es una mierda. La culpa de esta situación también la tienen los jueces", añade su marido.