Una trama de cargos públicos cobraba comisiones a empresarios en Lanzarote

En la operación han sido detenidas nueve personas, entre ellas el líder del PIL y ex senador y ex presidente del Cabildo Dimas Martín, quien ya se encuentra en prisión cumpliendo otra condena; su hija Elena Martín, jefa del servicio de contratación del ayuntamiento; y los concejales del PIL Ubaldo Becerra, teniente de alcalde y responsable del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, y José Miguel Rodríguez Sánchez, de Hacienda y Urbanismo.

Los políticos y funcionarios supuestamente corruptos cobraban a los empresarios por el pago de facturas por servicios prestados a la administración, la adjudicación de contratos y la concesión de licencias.

Además, la Guardia Civil investiga el último plan general de ordenación de la capital lanzaroteña porque tiene indicios de que en él también se han cometido delitos de corrupción municipal y urbanística.

La operación policial, bautizada con el nombre de "Unión" y que se ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su entrega.

Desde hace un año la Guardia Civil investiga la denuncia presentada por un particular y esta mañana un gran despliegue de agentes rodeó la sede del Ayuntamiento, impidiendo la salida de los funcionarios y la entrada de público en las dependencias, al tiempo que cortaron los teléfonos para evitar que algunos implicados que iban a ser detenidos se comunicaran con el exterior.

Tras las primeras detenciones en el ayuntamiento y en la oficina técnica del consistorio, donde fue arrestado el ingeniero jefe Juan Rafael Arrocha Arrocha, fueron detenidos los otros presuntos implicados: el ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo, Segundo Rodríguez González (PSC-PSOE), dos intermediarios y un empresario.

A los detenidos se les imputa delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

La trama de corrupción municipal y urbanística desmantelada hoy en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote estaba dirigida por varios políticos del PIL (Partido de Independientes de Lanzarote), incluido su líder Dimas Martín, quien precisamente a principios de mes reingresó en la prisión de Tahíche para cumplir condenada por otros delitos.

Dimas Martín está condenado a ocho años por un delito de malversación de caudales públicos y sendos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social cometidos durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994; la Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros de la entidad.

La Guardia Civil registró la celda de Dimas Martín y luego lo trasladó a su residencia familiar de Guatiza, donde se procedió a otra diligencia similar.

En esta operación, dirigida por el juez de instrucción número 5 de Arrecife, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han registrado tanto las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos.

Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización".

La trama se ha desarticulado a raíz del cobro de una de estas comisiones por uno de los intermediarios de la organización, que fue detenido "in fraganti" con 100.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil también investiga una supuesta manipulación de la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife.

La investigación ha sido llevada a cabo por miembros del Grupo de Delincuencia Urbanística de la UCO, bajo la dirección del juzgado de instrucción nº 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.

La Guardia Civil dice que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.