Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Los rectores ven "imprudente" reducir ya los estudios de grado a tres años y dicen que encarecerá la universidad

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) considera que es una "imprudencia" implantar en 2016 la posibilidad de reducir a tres años la duración de los estudios de grado, una medida prevista por el Ministerio de Educación que, en su opinión, generará "caos", desestabilizará el sistema y encarecerá la Universidad.
Así lo han explicado en rueda de prensa este jueves el presidente de la CRUE, Manuel López; sus vicepresidentes, Julio L. Martínez, rector de la Universidad de Comillas; y José María Sanz, rector de la Autónoma de Madrid y su vicepresidente ejecutivo, Juan Francisco Juliá, de la Politécnica de Valencia; en relación al proyecto de decreto que flexibilizará la duración de los estudios universitarios.
No se trata, conforme han explicado, de que se nieguen en rortundo a esta posibilidad, que les concedería autonomía para decidir qué grados acortan y cuales mantienen en su diseño actual de 240 créditos, sino que consideran que debería hacerse un estudio en profundidad de las consecuencias que tendría esta medida y, en todo caso, introducirla con una moratoria de varios cursos.
Sus argumentos, refrendados por todas las universidades y trasladados por escrito al Ministerio de Educación, que les dio de plazo hasta el 15 de septiembre para presentar alegaciones, parten de que el sistema de grado impuesto por Bolonia ha tenido "ventajas claras", como una mejora en el rendimiento académico de entre el 15 y el 18 por ciento, que sigue "mejorando en todas las ramas".
Asimismo, explican que este sistema ha permitido hacer un mejor ajuste de la oferta curricular, disminuyendo "notablemente" el número de titulaciones con menos de 20 alumnos de primer ingreso, del 18% que suponían antes de Bolonia, al 7% actual.
El rector de la Politécnica de Valencia ha planteado además que reducir a tres años el grado implica ampliar a dos años la duración del master, que es mucho más caro, para ofrecer una formación integral y especializada en cinco años, 3+2, al estilo del francés. Según afirma, esto supone encarecer la matriculación no sólo por las tasas más altas, sino porque al concentrarse en tres años podría bajar el rendimiento.
"No se ha hecho estudio previo y las indicadores previos que tenemos lo desaconsejan", ha apuntado Juliá, quien ha incidido en que "no parece aconsejable la inmediatez porque va a crear mucha confusión". Para Julio Martínez, de la Universidad de Comillas, "supone desequilibrar un sistema que está funcionando". "Se nos genera caos", ha sentenciado.
En este sentido, los rectores plantean distintas casuísticas que no se han contemplado, como que dos universidades vecinas ofrezcan el mismo grado con distinta duración, el futuro de los grados blindados como medicina o derecho, las acreditaciones a nivel nacional que estarían en marcha cuando los grados cambiasen, o el impacto en la empleabilidad de los graduados. "Es un tema de interés no sólo para las universidades sino para toda la sociedad", apuntan.
Juliá ha incidido además en que no hay una causa de movilidad internacional que lo justifique, puesto que hay tantas universidades con el modelo de tres años como con el de cuatro y, de hecho, las más prestigiosas del mundo, como Harvard o Columbia, mantienen en 240 créditos la formación. "Nos alejaríamos de una parte de Europa y nos alejaríamos de una parte de América", ha añadido el presidente de la CRUE.
Los rectores quieren que el Ministerio reflexione porque, afirman, "no hay prisas" en aprobar una medida como esta. Señalan que sólo Cataluña se ha mostrado partidaria de introducir cuanto antes la flexibilización y afirman que no quieren llegar a un punto en que todas las universidades tengan que ponerse de acuerdo para no aplicar el decreto. "Esto no tiene que hacerse por mala voluntad, sino por convencimiento", afirman.