La resonancia del caso de Amstetten anima a denunciar a otros "monstruos"

La resonancia del caso del austríaco Fritzl, hoy en prisión perpetua por lo que le hizo a su hija Elisabeth, con quien tuvo siete hijos, parece estar ayudando a que las víctimas de otros "monstruos" se atrevan a destapar una realidad oculta por el miedo y la vergüenza.

El primer caso que se conoció en América Latina tras el impacto de lo ocurrido en Austria fue el del colombiano Arcebio Álvarez, de 59 años, detenido en marzo pasado por violar a una de sus hijas durante dos décadas.

De la relación entre el "Monstruo de Mariquita", localidad a 300 kilómetros de Bogotá, y su hija, que ahora tiene 35 años, nacieron 8 niños.

En mayo, el argentino Armando Lucero, de 67 años, fue apresado en Mendoza tras la denuncia de su hija Paola, de 35 años, quien dijo que fue violada desde los 15 años bajo amenazas de muerte y que tuvo 7 hijos de él, algo confirmado esta semana por estudios genéticos.

También esta semana, Manuel Jesús Valtierra Jara, de 48 años, fue detenido en la localidad chilena de Colina luego de tener 4 niñas con una de sus hijas, ahora de 26 años, de quién habría abusado durante 14 años.

El pasado miércoles, Giuliana Ramírez Ugarte, de 29 años, denunció en Perú que su progenitor la ultrajó desde los 7 hasta los 23 años y que en una ocasión quedó embarazada pero sufrió un aborto.

En Bolivia hoy se conoció también el caso de un hombre, A.P.C., de 54 años y ya en prisión preventiva, que ha sido denunciado como presunto violador de sus hijas de 12 y 14 años, así como de su suegra y de una niña de ésta, también de 12 años, que supuestamente es fruto de una de sus agresiones, es decir que sería su hija.

Pero, ¿por qué cada día se dan más casos de transgresión del tabú del incesto, como lo llamó el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, para quien es el único fenómeno humano con una "dimensión natural y cultural", porque confluyen la "universalidad de los instintos" y el "carácter coercitivo de las leyes sociales"?

"Cerca del 85% de los niños violados son atacados por familiares y conocidos, con mayor frecuencia por padres y padrastros", dijo a Efe la concejala bogotana Gilma Jiménez, artífice de una iniciativa de referendo apoyada por 300.000 firmas para implementar la cadena perpetua para los depredadores sexuales de menores en Colombia.

Según el Instituto de Medicina Legal de este país, el 74% por ciento de los 3.317 casos de abuso sexual registrados en 2008 fueron contra menores y en un 8% del total de casos el agresor fue el padre de la víctima.

En Chile, en un 15% de los casos el violador es el papá de la víctima, dijo a Efe el Servicio Nacional de Menores (Sename).

En El Salvador, entre 2004 y 2007 hubo 1.007 casos de abuso sexual infantil, de los cuales un 58% fue perpetrado por personas del círculo familiar.

Y algunas organizaciones no gubernamentales de Nicaragua aseguran que por cada reporte de una violación de padre a hija hay otros cuatro casos no denunciados.

La Red para la Prevención y Atención del Maltrato y el Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Guatemala señala que el incesto es "una práctica común" en el país, y que no se suele denunciar por considerarse "un asunto privado, familiar".

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de Ecuador dice que en el país hay una "altísima incidencia" de incestos.

Para la psiquiatra Isabel Cuadros, de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil de Bogotá, este es un delito relativamente "invisible", en parte porque para la familia y la sociedad no es fácil identificarlo y aceptarlo.

Por eso, a la hora de prevenir y enfrentar este fenómeno, los expertos dan varias recomendaciones.

Por un lado, "favorecer en todo momento y lugar la formación permanente del concepto de la familia, en la que cada uno de sus miembros asuman sus roles permanentes dentro de la misma", afirmó a Efe Herbert Sánchez Silva, doctor en derecho canónico.

De otra parte, recordar que la mayoría de los abusadores son gente "normal" y difíciles de detectar, fortalecer las herramientas jurídicas para intentar proteger a la niñez y persuadir o, en última instancia, castigar debidamente a los abusadores.

Sobre esto último hay varios criterios en Latinoamérica.

Así, en países donde el incesto es considerado un delito, las penas de prisión pueden ir de 2 a 5 años (Cuba), de 3 a 10 años (Panamá) y de 12 a 18 años (Costa Rica).

En Brasil, donde al igual que en Argentina el incesto no es penalizado, la violación de menores se cataloga como "crimen repugnante" y está castigada con hasta 25 años de cárcel.

Perú, por su parte, establece un mínimo de 30 años de cárcel para quien "tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima" y la pena puede llegar a la cadena perpetua, por ejemplo, cuando se viola a un menor de 7 años.

En Bolivia, donde los casos de pederastia subieron 120% en dos años, una comisión parlamentaria estudia endurecer las penas hasta 30 años de cárcel e incluso la castración química o quirúrgica.

"A los violadores que se les castre (...) pero dónde quedan los niños con el trauma de la violación", dijo a Efe en Bolivia Martha Quispe, cuya hija de 12 años, tras ser violada por su abuelo paterno, "solo quiere estar muerta".