El juez apela a la responsabilidad de la prensa para no publicar escuchas del caso 'Marta del Castillo'

El juez de instrucción 4 de Sevilla, mediante un comunicado del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apela "a la responsabilidad de los medios de comunicación para evitar en lo sucesivo la difusión de las transcripciones de las conversaciones de los imputados, especialmente las mantenidas en los centros penitenciarios, con el fin de que el procedimiento no se vea perjudicado".

Según el TSJA, el juez ha acordado "la apertura de una investigación sobre las filtraciones producidas con la finalidad de evitar la difusión pública del contenido de las actuaciones". A la vez, en un auto, el juez explica que la intervención de las conversaciones en el locutorio se hizo bajo un principio de "proporcionalidad" para "obtener algún dato que permitiera localizar el cuerpo" de Marta, pero ahora debe primar "la confidencialidad" de las relaciones del abogado y su cliente.

De ahí que este mensaje a la prensa, según el auto, no debe ser interpretado como "una restricción del derecho fundamental a la libertad de información" en su doble vertiente de libertad del periodista para recabar información y de la sociedad a estar informada.

La decisión del juez se ha producido a petición del decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, y tras escuchar al Ministerio Fiscal, como consecuencia de la divulgación en los últimos días de las escuchas realizadas al asesino confeso de Marta, Miguel C.D., en el locutorio de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) con su abogada.

Las transcripciones de dichas escuchas se notificaron a todos los abogados personados en días pasados, cuando se levantó el secreto del sumario que pesaba sobre esta parte de las actuaciones judiciales que investigan la muerte, el pasado 24 de enero, de la joven de 17 años Marta del Castillo.

Con este último "auto aclaratorio", el juez ha matizado una providencia notificada a los abogados personados en el caso, en la que "requería" a todos los medios informativos para que "se abstengan en lo sucesivo de difundir la transcripción de las conversaciones de los imputados, en especial de las mantenidas en los centros penitenciarios, y ello bajo apercibimiento de incurrir en delito si no lo hicieren".

En dicha resolución, acordaba además recabar al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía para que dé cuenta de los medios informativos que publicaron dichas transcripciones, así como "sobre el contenido de dichas publicaciones", y anunciaba que según sea su resultado acordará lo que proceda.