El responsable de una academia y su mujer, que trabaja en la Xunta, principales investigados por fraude en cursos

La Policía Nacional sitúa como principales investigados en una operación contra fraude en cursos de formación, en la que han sido detenidas cinco personas y dos investigadas, al responsable de un centro de estudios de Ourense y a la mujer de éste, la cual trabaja en la Xunta.

Además, en este operativo hay dos personas investigadas -no detenidas-, entre las que se incluye el jefe de personal de la Diputación de Ourense y alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, investigado por un supuesto delito de cohecho.

Según ha informado la Policía Nacional, desde el 26 de abril se ha detenido a cinco personas por delitos de falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social, contra la Administración pública, blanqueo de capitales, estafa y cohecho.

La Policía Nacional ha explicado se inició la investigación en el año 2015 a partir de una denuncia recibida que "destapa una trama ideada por el responsable del un centro de estudios céntrico" de la capital ourensana para la obtención fraudulenta de subvenciones públicas "burlando las condiciones y requisitos exigidos mediante múltiples falsedades y engaños", según añade.

En dicha labor, según sostiene la Policía, "participa activamente" la mujer del principal investigado, la cual, según concretan las mismas fuentes, "ejerce un cargo de responsabilidad en la Xunta de Galicia" en el que dispone "de un sello de compulsa personal". "Se sirve del mismo para dar validez a la diversa documentación falsificada que presentan para la obtención de subvenciones por cursos de formación", ha explicado.

Con la finalidad de lograr la concesión de estos cursos el investigado simula la creación de una asociación sin ánimo de lucro, AEXPA, la cual registra y mantiene con actividad ficticia entre los años 2005 y 2015.

FALSIFICACIONES

La investigación acredita, según resalta la Policía Nacional, que se falsifican actas y firmas, incluyendo en su funcionamiento a personas que lo desconocían. La propia Tesorería General de la Seguridad Social determina que esta sociedad "no ha tenido nunca actividad, teniendo como fin único la recepción de ingresos públicos", según puntualizan las mismas fuentes policiales.

El procedimiento de estas subvenciones exige la justificación de los gastos vinculados al desarrollo de los cursos y, para ello, los investigados "cometen diversas irregularidades, como aportar facturas falsificadas de adquisición de material didáctico y formativo con cantidades desmesuradas y que en nada corresponden con lo efectivamente adquirido", según relata la Policía.

Igualmente copias de documentos bancarios con supuestas transferencias a empresas, así como a docentes y empleados, "las cuales son ficticias no suponiendo movimiento alguno de efectivo", según afirma la Policía, que añade que "falsifican facturas de pago de alquiler de locales y de gastos de asesoramiento que no existen".

Además, apuntan contrataciones fraudulentas de alumnos tras finalizar los cursos realizados, los cuales no acudían a trabajar al centro, sino que únicamente firmaban los contratos y las nóminas que se precisaban para aportar en las justificaciones. De este modo, no llegaban a pagar ni siquiera los seguros sociales por los mismos.

En algunos casos, algunos de los alumnos "ni siquiera tenían conocimiento de figurar en los cursos" ni, posteriormente, como contratados, según sostiene la Policía Nacional.

Para dar veracidad a toda la documentación fraudulenta y que aportaban a los expedientes para conseguir las subvenciones, se ocupaba de la compulsa de las fotocopias, en la mayor parte de los casos, la propia mujer del primer investigado, "prevaliéndose de su puesto de trabajo de responsabilidad en el edificio administrativo de la propia Xunta de Galicia, puesto de trabajo por el cual disponía de un sello propio y personalizado para la realización de compulsas", según recalca la Policía.

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Para dificultar el control de los movimientos bancarios realizados a nombre de la asociación ficticia AEXPA, éste matrimonio abrió y dio de baja en distintas entidades bancarias numerosas cuentas bancarias.

Las conductas realizadas, descritas previamente por las personas investigadas, según hace hincapié la Policía, "han facilitado el engaño de varias administraciones públicas" --Xunta, Ayuntamiento de Ourense, Diputación de Ourense, Fondos Europeos-- para la consecución de subvenciones destinadas a la impartición de diversos cursos de formación para los que obtuvieron entre los años 2005 y 2012 la cantidad de 506.113,60 euros.

Así como también de la Seguridad Social, en relación a contrataciones fraudulentas de diversos trabajadores, mediante supuestas altas y pagos de nóminas, "acumulando con la misma una deuda declarada, a falta de una última actualización, de 96.000 euros", según concreta la Policía.

CONTACTO CON LA DIPUTACIÓN

Varias declaraciones, según indican las mismas fuentes policiales, hacen referencia a que el primer detenido tenía un contacto en la Diputación de Ourense, con el cual contactaba para introducir en ese organismo a determinados alumnos.

Varios de ellos indicaron que les había ofrecido una plaza en la Diputación, pagando determinadas cantidades de dinero --hasta 12.000 euros-- para ello. Dos de estas personas y, en compañía del primer detenido, se reunieron con el contacto de la Diputación, tras lo que consiguieron contrataciones temporales en la misma, según asegura la Policía.

En lo que respecta a las empresas suministradoras de material, varias de ellas, ubicadas en Ourense, elaboraron facturas falsas "con cantidades elevadas y que no se correspondían ni lejanamente, según coinciden tanto trabajadores del centro como alumnos, con el material efectivamente recibido y disponible en el centro, coadyuvando de esta manera en el proceso de engaño", según hace hincapié la Policía.

La investigación, que continúa abierta,se salda hasta el momento con cinco detenidos y dos investigados, en relación con delitos de falsedad documental, contra la hacienda pública y la Seguridad Social, contra la Administración pública, blanqueo de capitales, estafa, cohecho.

Tres de ellos han sido puestos este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense, mientras que otros dos habían quedado en libertad en sede policial.