Los cazadores, sorprendidos con el informe de Ecologistas en Acción, acusan a la ONG de mentir y estudian demandarla

Así, considera que el informe de Ecologistas en Acción 'El impacto de la caza en España' publicado este jueves, podría denominarse 'Las siete mentiras ecologistas que no por repetidas podrían ser verdad'.

La ONC califica de "panfleto, harto indocumentado, parte de premisas falsas, sesgo ideológico, adolece de apriorismos" y está marcado por una "palmaria" simpleza metodológica, sin base técnica ni científica.

A su juicio, se trata de "vagas opiniones" de un grupo "extractivo de los recursos públicos" de todos los ciudadanos de bien para cubrir sus "exclusivos intereses" mediante su pericia en la consecución de subvenciones.

Por ello, la organización cinegética ha traslado "el panfleto" a sus servicios jurídicos para que analicen en su caso posibles acciones legales.

Asimismo, denuncia que las siete "mentiras indocumentadas" sobre el impacto de la caza en España están indocumentadas y financiadas por el dinero de los ciudadanos, de los trabajadores ligados al campo y al medio rural "a los que menosprecian".

En este contexto, redefine a Ecologistas como "Subvencionados en Acción" y lamenta que están "emborrachados de demagogia animalista" de modo que considera que cualquier actividad que no sea de su particular gusto, aunque sea perfectamente legítima, debe ser eliminada.

En concreto, desmiente la afirmación de la ONG de que la caza consiste en matar animales por diversión o negocio, porque en el mismo documento se admite que no hay datos oficiales, completos ni fiables sobre el volumen de dinero que genera el sector y asevera que se trata de un "reducido número de personas que se acerca a 850.000 licencias. Así, lamenta que estimen que más de un 2% de la población como un "reducido número de personas" frente a los "30.000 socios" de Ecologistas en Acción según datos de 'ONG Consumer'.

La ONC afirma que el colectivo, que incluye la producción y venta de carne de caza, la guardería cinegética, conservación, mantenimientos de cotos, empresas armeras, sector textil, turismo cinegético, etcétera, suman tres millones de personas.

"INTELECTUALMENTE VANOS"

Asimismo, critica la falta de "rubor" de la ONG cuando dice que los cazadores, en general son personas adineradas, como banqueros, empresarios, aristócratas o políticos cuando más del 90 por ciento de las licencias correspenden a la gente humilde, de clase media, trabajadores y contribuidores del Estado.

Igualmente, destaca que la afirmación de que la caza consiste en "matar animales por diversión o negocio" es "tan intelectualmente vano" como decir que comer paella consiste en torturar toda clase de peces por placer arrocero.

En cuanto a la afirmación de Ecologistas en Acción de que "no es compatible con la conservación de la biodiversidad", la ONC contrarresta con datos "tozudos, rigurosos y fundamentados" de distintas universidades como la de Cambridge que concluyen que la caza es una "herramienta de conservación esencial" y defiende que son "innumerables" los ejemplos donde la gestión cinegética ha permitido mejorar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

A este respecto, señala que distintas entidades de caza trabajan en la conservación del urogallo, el lince, el águila imperial, el oso pardo a través de colaboración con entidades como la Fundación Oso Pardo y con la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados, entre otras y está diseñando un plan para la recuperación de la perdiz roja silvestre.

"Afirmar, como hacen los señores de los 30.000 socios, que la caza hace peligrar a las especies protegidas es, probablemente, además de una falsedad, una calumnia", denuncia.

Respecto al informe de la ONG, que dice que la caza no sirve para gestionar la fauna ni controlar sobrepoblaciones, los cazadores aseguran que no existe mejor método de gestión poblacional de la caza.

En este contexto, reivindica que la caza es una actividad "legal, enormemente regulada" y que son las administraciones las que establecen cuánto y qué se puede cazar, en muchos casos atendiendo "de manera equivocada" a las reivindicaciones de los grupos ecologistas más que a las recomendaciones técnicas y científicas, lo que genera problemas de sobrepoblación.

La actividad de la caza es legal y legítima en España, por lo que también merecen protección las personas que la practican durante determinados periodos de tiempo en zonas determinadas.

La ONC cuestiona también otras afirmaciones de Ecologistas en Acción como que la caza no favorece el desarrollo rural sin un informe económico que los sostenga y que limita las posibilidades futuras de desarrollo de los entornos más deprimidos económicamente y considera que este es un argumento lanzado con una visión urbanita de quienes ni conocen ni comprenden el mundo rural.

Por ello, indica que eliminar la caza provocaría de manera inmediata la despoblación de zonas rurales, pero confía en que "los ecologistas contratarían al día siguiente a las miles de personas que trabajan en el entorno del sector cinegético (guardas rurales, veterinarios, armeros, trabajadores de empresas de carne de caza) para paliar el impacto de esta medida".

Para la organización, la "gran mentira" que corean como mantra los ecologistas es que "no solo mata, también maltrata" y que cada año 50.000 galgos son abandonados en España, cuando no hay "datos reales" e incluso el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil lo desmiente y en 2015 tramitó 226 denuncias penales por maltrato o abandono a perros, de los que 71 eran perros de caza.

Finalmente, denuncia cualquier maltrato a perros y recuerda que en los últimos días una cazador ha muerto y otro ha estado a punto de morir ahogados por salvar a sus canes.