La suspensión del presidente de la Corte Suprema agrava la crisis judicial de Bolivia

La Cámara de Diputados acordó anoche suspender al titular de la Corte Suprema (máximo órgano del Poder Judicial, con sede en Sucre), tras acusarlo de retardar el juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus ministros.

Lozada y sus funcionarios deben responder por la muerte de más de 60 personas en hechos ocurridos durante una acción represiva militar en octubre de 2003.

La decisión se aprobó con los votos en solitario de Movimiento al Socialismo (MAS, partido del presidente Evo Morales), que junto al Gobierno protagoniza desde hace meses un duro enfrentamiento con varios magistrados, a quienes acusa de alinearse con la oposición.

Tras la suspensión de Fernández, el Senado debe constituir un "tribunal de sentencia" para confirmar o desestimar la decisión de la Cámara de Diputados.

Se da la circunstancia de que la Cámara Alta está controlada por la oposición y, si el Senado rechaza la decisión tomada anoche, Eddy Fernández deberá ser restituido en su cargo.

De momento, ejercerá como presidenta interina del órgano judicial Beatriz Sandoval de Capobianco, miembro de la Suprema desde enero de 2005.

Esta crisis institucional ha provocado dudas sobre el juicio que debería comenzar el próximo lunes en la Corte Suprema para determinar responsabilidades sobre la masacre del "octubre negro", ocurrida en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

La incertidumbre se debe a que Mirtha Quevedo, una ex ministra acusada en el caso pero asilada en Perú, logró esta semana recusar al tribunal de la Corte formado para ver el caso.

La Suprema, que aún cuenta con quórum para resolver cuestiones judiciales con siete de doce miembros, tiene hasta el sábado para resolver la recusación del tribunal o aplazar el inicio del proceso.

La situación se complica porque hay otros dos magistrados de la Corte Suprema que tienen denuncias en su contra.

Se trata de Rosario Canedo y Jose Luis Baptista, cuyos casos están en consideración del Poder Legislativo, como ocurrió con Fernández.

Si uno de ellos es suspendido, la Corte Suprema quedará sin quórum y, por tanto, sin capacidad para operar.

Así las cosas, el suspendido presidente de la Corte Suprema anunció hoy en Sucre que denunciará ante organismos internacionales -no precisó cuáles- el intento del Gobierno de Morales y su partido por "desmoronar" el Poder Judicial.

La Justicia boliviana está sumida en una compleja crisis ya que, a la suspensión de Fernández, se suma a la parálisis del Tribunal Constitucional (TC) desde hace casi dos años, ya que solo cuenta con una magistrada (Silvia Salame) por la sucesiva renuncia de sus otros miembros.

También el Consejo de la Judicatura de Bolivia se encuentra sin quórum ni capacidad de decisiones y ahora queda con un solo miembro (Rodolfo Mérida) tras la suspensión del presidente de la Suprema, que hasta ahora formaba parte de este órgano.

Otra instancia jurisdiccional con dificultades es el Tribunal Agrario, también con sede en Sucre, que cuenta con solo tres de siete miembros, lo que retrasa la resolución de los casos que son de su competencia, dijo a Efe una fuente judicial.

Juristas y expertos bolivianos denunciaron hoy esta situación y criticaron que el oficialismo haya "tergiversado" la potestad que tiene el Congreso Nacional sobre responsables de otros poderes.

"Se ha malinterpretado la potestad del Congreso porque lo que debería darse es una facultad política, pero no un juicio político de apartamiento de la función", dijo hoy a Efe Bernardo Wayar, presidente del Colegio de Abogados de La Paz.

Esa facultad del Congreso "ha sido aprovechada políticamente, primero para dejarnos sin control constitucional porque no tenemos magistrados en el TC y hoy día nos van a dejar sin control de legalidad", lamentó este jurista.