Un total de 96.418 personas con discapacidad no podrán votar el domingo

"Esto es una violación de los Derechos Humanos. España está en deuda con Naciones Unidas, que le ha dicho que tiene que reformar su Ley Electoral, pero los sucesivos Gobiernos y parlamentos no la han modificado. Queremos que sea el último proceso electoral en el que haya personas con discapacidad que no puedan votar", sostiene el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

Según esta organización, que representa a más de cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias, la modificación de la Ley Electoral tiene un coste "cero" para el Estado y sostiene que no se ha hecho aún por "falta de sensibilidad" de los partidos políticos que no han llevado al Parlamento una iniciativa para darle la vuelta a esta situación.

"Nuestro hijo de 52 años con una discapacidad intelectual del 72% le dieron la incapacidad jurídica hace dos legislaturas", cuenta Carmen a Europa Press, que asegura que en ese proceso, "la jueza le preguntó a quién iba a votar y, al escuchar su respuesta, le quitó este derecho". "Eso no se puede preguntar a nadie", argumenta.

Su hijo, que había votado "toda su vida" tras cumplir la mayoría de edad, ya no participa de los procesos electorales, algo que, según sus madre, "le pone enormemente triste". "Tenemos que mentirle y decirle que vamos a por el pan cuando vamos a votar", explica esta madre. "La justicia en España es una mierda. La culpa de esta situación también la tienen los jueces", añade su marido.

ACCESIBILIDAD PARA TODOS

Diez días antes de las elecciones generales, el pasado 17 de junio, esta organización, que representa a cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias, convocó frente al Congreso de los Diputados una concentración para exigir la reforma de la LOREG y garantizar la plena accesibilidad a las personas con alguna discapacidad en los colegios electorales.

Por ello, exigen que el proceso electoral sea "universalmente accesible", de manera que una persona sorda tenga el apoyo de intérpretes de lengua de signos o cualquier soporte material o técnico; una con discapacidad intelectual pueda acceder a programas de 'lectura fácil'; que las personas ciegas puedan formar parte de las mesas electorales; o que ningún colegio electoral tenga barreras para las personas con dificultades de movilidad.