La Audiencia Nacional, autoridad judicial encargada de cerrar páginas web

La lucha contra las descargas digitales es el objetivo último de estas nuevas iniciativas que, según ha explicado el Gobierno, pretenden hacer compatible el derecho de los usuarios con el de los creadores de contenidos.

El procedimiento que ha aprobado el Ejecutivo pasa por combinar un proceso de autorización judicial rápido a través de la sala contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otro proceso previo en el que los responsables de las mismas puedan hacer alegaciones.

Tal y como ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en rueda de prensa, "la comisión recibirá quejas de ciudadanos y tendrá la potestad para investigar los actos lesivos de la propiedad intelectual". A partir de ahí, "lo pondrá en conocimiento del titular de la página y del juez para que autorice, en su caso, el bloqueo de acceso".

El procedimiento durará cuatro días, y durante esas jornadas, el magistrado deberá escuchar a las partes implicadas para tomar una decisión.

Según el Gobierno, "esta es la mejor manera para armonizar los derechos fundamentales que están en juego".

"Comisión censora innecesaria"

Antes de la aprobación, el profesor del Instituto de Empresa y bloguero, Enrique Dans, ha asegurado en el Informativo Matinal de Hilario Pino que "lo que han hecho es crear una comisión censora que le preguntara a un juez si tiene legitimidad para poder cerrar paginas a lo que el juez tendría que decir que sí porque la comisión ha sido creada para eso".

Según ha explicado, "se ha metido la figura del juez de manera inoperante" porque "en este momento, si alguien pide el cierre de una pagina esto se ejecuta muy rápido".

El 'ahora sí, ahora no' del Gobierno

Este tema ha sido muy controvertido en las últimas semanas. Incluso Zapatero llegó a precisar que no se cerraría ningún sitio en Internet sin la previa intervención de un juez.

Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, declaró el pasado 22 de diciembre en el Congreso que "ningún ciudadano será desconectado de Internet sin la intervención de un juez", respondiendo así a una interpelación urgente del PP para que el Gobierno aclarase su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial.

Por su parte, la propuesta inicial del Gobierno encontró el rechazo de gran parte de la Red, cuyo principal exponente fue el manifiesto 'En defensa de los derechos fundamentales en Internet' suscrito por periodistas, bloggers e internautas. Este documento, apoyado por más de 200.000 personas a través de Facebook, protestaba por la inclusión de modificaciones legislativas "que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión". EPF