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Bruselas ve útil que los 28 creen unidades para rastrear productos peligrosos vendidos a través de Internet

La Comisión Europea ha respaldado este viernes la creación de unidades centrales en los Estados miembro para vigilar y rastrear productos peligrosos o que incumplan las normas de seguridad europeas que son vendidos a través de Internet dada su detección más difícil y que el aumento de las compras 'online'. El 55% de los europeos compra a través de Internet de manera habitual.
"En función de la experiencia de algunos Estados miembro, la designación de unidades centrales para la supervisión y rastreo de peligrosos o que no cumplen (la normativa) vendidos 'online' pueden ayudar a garantizar el uso eficiente de los recursos disponibles para las autoridades de vigilancia del mercado", ha justificado el Ejecutivo comunitario en las directrices que ha publicado este viernes para ayudar a las autoridades nacionales a controlar mejor la seguridad de los productos de venta online.
El Ejecutivo comunitario considera que los inspectores competentes pueden hacer el seguimiento oportuno, una vez que las unidades de vigilancia 'online' identifican productos peligrosos o que no respetan la normativa de seguridad y el operador económico relevante.
Los productos de venta online escapan los controles tradicionales de las autoridades de evaluación de riesgos o de pruebas de seguridad por la falta de acceso físico a los mismos y las dificultades para realizar pruebas de muestreo en este caso, entre otros porque en algunos países de la UE no se permiten realizar compras anónimas.
También resulta más difícil rastrear los productos e identificar a las empresas responsables de vender productos inseguros o peligrosos por el creciente número de operadores económicos localizados fuera de la Unión Europea pero que venden sus productos en la Unión a través de Internet.
El objetivo principal de las directrices publicadas este viernes es lograr una aplicación "más uniforme y coherente" en la aplicación de la normativa europea de seguridad de los productos de venta online y clarifica entre otros que cualquier producto vendido a través de Internet en la UE debe cumplir las normas de seguridad de productos, aunque el fabricante esté radicado fuera de la Unión y la responsabilidad de todos los actores en la cadena de distribución, incluido pro parte de los proveedores de servicios que reciben el pedido, son responsables del empaquetamiento o se encargan de enviar el producto.
Así, las directrices dejan claro que si los fabricantes como los distribuidores están radicados fuera de la UE pero "dirigen sus ofertas de productos de venta online al mercado de la Unión, necesitan cumplir con los requisitos de la legislación sobre productos de la UE aplicable".
Los productores deben garantizar que sus productos que comercializan en el mercado europeo "son seguros" y los distribuidores "deben actuar con el debido cuidado" para ayudar a garantizar que cumplen los requisitos de seguridad.
Las autoridades competentes de los Estados miembro son responsables a su vez de vigilar el mercado y comprobar que los productos de venta online son seguros y cumplen con las normas de la UE y cuando los productos se adquieren a través de empresas online que operan desde terceros países las autoridades competentes del control de fronteras externas "también son competentes para intervenir" en caso de riesgo.
La directiva también aclara las medidas que pueden tomar los Estados miembro contra los productos cubiertos de manera "proporcional a la seriedad del riesgo y teniendo debidamente en cuenta del principio de precaución".
Las directrices también aclaran las obligaciones de los mercados online cuando las autoridades les exigen la retirada de productos peligrosos. La exención de responsabilidad prevista en la directiva de comercio electrónico sólo podría aplicarse a los proveedores de servicios intermediarios que no tienen ningún conocimiento de una actividad ilegal o información engañosa que albergan en su web y actúan de forma expeditiva para eliminarla.
Eso sí, según las normas actuales, los Estados miembro no pueden imponer una obligación general a los intermediarios en la red que vigilen el contenido de todo el tráfico en Internet o busquen de forma activa hechos o circunstancias que indiquen actividades ilegales como ofrecer productos peligrosos.