Desestiman en EE.UU. la petición de prohibir al Banco Santander contactar con sus demandantes

Paul Huck, juez encargado del caso, aceptó que el Santander contacte directamente con un grupo de clientes para convencerles de que renuncien a su demanda.

No obstante, señaló que la entidad deberá notificar de la existencia de una demanda conjunta a todos los clientes afectados por la estafa de las inversiones en el fondo gestionado por Madoff.

El Santander comenzará a partir del próximo lunes a notificar a los clientes afectados sobre la demanda colectiva presentada en su contra, una vez que concluya la traducción completa al español de la demanda y la distribuya a todas sus sucursales.

"Ese era el objetivo principal", dijo a Efe una fuente jurídica cercana a Labaton Sucharow, uno de los bufetes que presentaron la demanda colectiva contra el Santander en nombre de un grupo de afectados.

"No tenían la información correcta", aseveró, y agregó que la notificación que enviará el Santander a sus clientes afectados es "aclaratoria e incluye los temas básicos".

El Santander lleva a cabo una negociación de manera individual con los clientes perjudicados en la que le proponen canjear las inversiones afectadas por el fraude de Madoff por participaciones preferentes.

Sam Danon, letrado del Banco Santander Internacional, expresó tras finalizar la audiencia judicial su satisfacción por la resolución del magistrado de no suspender cautelarmente la oferta de canje de las inversiones y aseguró que "el proceso sigue su curso".

Explicó que alrededor de un 70 por ciento de los inversionistas del fondo Optimal Strategic, del Santander, que gestionó fondos de clientes por valor de 3.100 millones de dólares, "ha aceptado ya las ofertas" de la entidad.

Ese fondo estaba vinculado a diferentes productos de inversión de Madoff.

"Queda todavía cerca de un 30 por ciento de afectados que no ha aceptado", acotó.

Ambas partes llegaron en la vista a un acuerdo voluntario ante el juez para comunicar con precisión los contenidos y las condiciones de la demanda conjunta presentada contra la entidad en un tribunal de Miami.

Pese al acuerdo alcanzado por el Santander con una buena parte de los afectados por la estafa Madoff, "quedan todavía 1.300 millones de dólares" que fueron gestionados por Optimal Strategic y que se han perdido, resaltó la fuente jurídica cercana al bufete Labaton Sucharow, que colabora con el español Cremades y Calvo Sotelo.

El juez señaló en la vista que quiere evaluar cuidadosamente los argumentos de las dos partes y la amplitud y alcance de la demanda, pero señaló que está dispuesto a que el proceso judicial no se eternice.

"Abróchense los cinturones, porque nos vamos a mover", apuntó el magistrado.

Durante una buena parte de la vista judicial el juez preguntó de forma incisiva a los abogados del bufete Labaton Sucharow sobre la demanda colectiva y por qué la habían presentado en Miami, siendo que la mayoría de los clientes afectados del Santander "están en España o son latinoamericanos".

Puso en duda que un tribunal estadounidense tuviera jurisdicción sobre el caso.

No obstante, los abogados que representan a los demandantes arguyeron que un buen número de sus clientes tiene residencia en Miami, "viven aquí temporalmente", dijeron, o son ciudadanos estadounidenses.

Además, "el fraude se produjo en este país" y no se trata necesariamente de "inversores sofisticados", pusieron de relieve.

Los letrados del Santander indicaron, por su parte, que cerca de un 20 ó 25 por ciento de los clientes de la entidad afectados por el fraude "tiene algo valioso ahora (...) y es una buena oferta" la que el banco les propone.

La principal alegación de Cremades & Calvo Sotelo y Labaton Sucharow radica en que los "demandados fueron negligentes y temerarios al invertir una parte sustancial de todos los activos del fondo Optimal Strategic con Madoff".

Acusan al Santander de falta de diligencia y de no regirse por los "estándares del mercado financiero, sin que las auditorías hayan aportado la certidumbre sobre los estados financieros a las que están obligadas".

El contencioso que se ventila en un tribunal de Miami podría prolongarse unos dos años.