El Gobierno delimita el uso del 010 al servicio de información de las administraciones locales y sus tarifas

Según la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información aprobada tras su periodo de audiencia, la prestación de este servicio de información también se estaba realizando de forma simultánea a través de otros números (geográficos de nueve cifras, de tarifas especiales y de tarificación adicional) dirigidos fundamentalmente a aquellos ciudadanos que llaman desde fuera del ámbito municipal.

Asimismo, ha establecido que las llamadas telefónicas al número se facturarán por tiempo, bajo distintas modalidades de precios dependiendo de que la llamada se realice desde una red fija o móvil.

En el caso de las llamadas desde fijo, se recoge la posibilidad del precio de establecimiento y por minuto de llamada ordinaria entre fijos de ámbito provincial o el precio con respecto al de una llamada ordinaria entre fijos de ámbito nacional (establecimiento el doble y precio por minuto el mismo).

Para móviles, se fijan las modalidades de precio de establecimiento y precio por minuto de una llamada ordinaria de móvil a fijo en el territorio nacional y la de precio con respecto al de una llamada ordinaria móvil-fijo de ámbito nacional (establecimiento el doble y precio por minuto el mismo).

Independientemente de la modalidad de precio elegida para la prestación del servicio, el usuario tendrá derecho a recibir el detalle de las comunicaciones facturadas al 010 y no podrán facturarse a los usuarios las llamadas dirigidas a este número en los municipios en los que el servicio no esté habilitado.

Al no existir anteriormente, con carácter general, una regulación de precios y no haberse establecido condiciones específicas de tarificación en la atribución del número 010, los prestadores del servicio podían fijar libremente las tarifas aplicadas a las llamadas a este servicio de información.

Así, con esta resolución se busca el necesario equilibrio entre facilitar a los ciudadanos el reconocimiento de la tarifa que se aplica a las llamadas y permitir a las Administraciones Locales definir un modelo provisión de servicio que, desde el punto de vista de las tarifas aplicadas al llamante, se adapte a sus necesidades.