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El padre de la Ley de la Ciencia de 1986 aboga por aumentar la inversión en I+D sin superar el 0,1% anual

Lo más adecuado sería alcanzar para la ciencia el 2 por ciento del PIB de manera paulatina pero constante, sin superar un crecimiento en los presupuestos del 0,1 por ciento del PIB anual. Ésta es la opinión del exsecretario de Estado de Universidades e Investigación entre 1985 y 1992, Juan Rojo, responsable de la Ley de la Ciencia aprobada en 1986.
El experto impartirá este jueves, 18 de febrero, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales una conferencia sobre 'La investigación básica en España y su impacto socioeconómico'. Según Rojo, los niveles actuales de inversión en ciencia básica en España están muy por debajo de la de los países vecinos y es necesario aumentarlos, aunque propone lo que, a su juicio, "es razonable".
Además, apunta que, de manera paralela, también se debería incentivar el gasto en I+D en las empresas. "Un aumento del gasto público, más enfocado en las ciencias básicas, sin que vaya de la mano de la investigación más aplicada del sector industrial tampoco sería conveniente", ha señalado. Rojo dice que en la mayor parte de los estados miembros, la segunda es casi el doble que el de las instituciones estatales, mientras que en España, la situación es al revés.
En cualquier caso, el exsecretario defiende la utilidad de la investigación básica mucho más allá de ser un medio para satisfacer la curiosidad humana. Cree que "se trata de un valor estratégico para defender los intereses de un país, garantizar una enseñanza de calidad y aportar recursos humanos cualificados a la empresa privada".
Rojo nació en Sevilla en 1943, estudió en las Universidades de Madrid y Cambridge (Reino Unido) y se doctoró en Ciencias Físicas en 1969. En el periodo 1971-81 fue profesor agregado en la Universidad Autónoma de Madrid donde inició el Laboratorio de Física de Superficies, del que fue director. Desde 1982 es catedrático de Física de Estado Sólido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) donde creó y es actualmente director del Grupo de Ciencia de Superficies.
Su investigación se ha centrado en los campos de la física de la materia condensada, física de materiales y física de superficies. En relación con este campo ha escrito dos libros y realizado múltiples publicaciones.
En el periodo 1985-1992 fue secretario de Estado de Universidades e Investigación del Gobierno de España, representando al país en el Consejo de Ministros de Investigación de la Unión Europea. En ese período se aprobó y desarrolló la Ley de la Ciencia, el I Plan Nacional de I+D español y se puso en marcha el sistema de evaluación de la investigación del profesorado universitario y personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Del mismo modo, ha presidido diversos paneles de evaluación internacionales, entre otros el del Centro de Investigación Común (JRC), el del programa científico COST y el del Programa de Fusión Nuclear, todos ellos de la Comisión Europea. También ha presidido durante cuatro años el Comité de Ciencias e Ingeniería (PESC) de la European Science Foundation. Ha recibido distinciones de los gobiernos de España (Gran Cruz de Alfonso el Sabio), Francia (Palmes Academiques) e Italia (Gran Oficial de la Orden del Merito) así como la Medalla de la Real Sociedad Española de Física. Es Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC).