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El PP quiere establecer por mandato legal la preservación de contenidos legales en la Biblioteca Nacional

El PP quiere que se recoja y reconozca en la Ley Reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE) que entre los fines del principal archivo bibliográfico español también se encuentra "recoger, preservar y conservar los contenidos digitales sobre las culturas de España y garantizar su conservación y accesibilidad con fines económicos, culturales, de investigación o de información".
Así se desprende de una de las seis enmiendas que ha presentado en el Congreso de los Diputados al proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España (BNE), a las que ha tenido acceso Europa Press.
Según justifica, la protección y transmisión del patrimonio bibliográfico español y documental de la cultura española es "fundamental" en todas las bibliotecas nacionales del mundo, asegura la conservación y transmisión del conocimiento que se genera en los países y su cumplimiento se garantiza a través de las leyes que regulan el depósito legal.
De hecho, recuerda que la Ley de Depósito Legal establece que serán objeto de depósito legal también los documentos electrónicos y los sitios 'web fijables o registrables' cuyo contenido pueda variar en el tiempo y sea susceptible de ser copiado en un momento dado.
"Las bibliotecas nacionales de los países desarrollados llevan años preservando los contenidos digitales que se producen en sus países y creando, de este modo, grandes repositorios de un conocimiento que, de otra forma, se hubiera perdido. La BNE desde hace años, incluso por encargo de diversas comunidades, viene preservando esta información referida a todas las culturas de España", defiende el PP.
Asimismo, indica que el depósito legal electrónico se va a regular a través de un decreto que se encuentra ya en su "última" fase de tramitación.
CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS
En otra de las enmiendas, plantea la creación de catálogos bibliográficos y de bases de datos colectivas, así como la unificación de bibliotecas y repositorios digitales, de tal manera que se contribuya a mejorar el acceso al patrimonio bibliográfico y documental español.
Según el texto de la propuesta, uno de los fines de la BNE es promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio bibliográfico y documental español.
Así, explica que la Biblioteca Nacional es receptora del depósito legal español de cualquier material y soporte, y tiene también como una de sus funciones básicas la elaboración de la bibliografía española. "A lo que debe añadirse que posee la mayor colección de patrimonio bibliográfico y documental del país, cuya catalogación e identificación exige conocimientos especializados", agrega.
Es más, sostiene que la inversión en el proceso de catalogación en la BNE es "muy elevada" pero ésta se ve compensada por los 200.000 accesos al mes que realizan el resto de las bibliotecas al catálogo de la Biblioteca Nacional para incorporar estos registros a sus bases de datos, por lo que cumple el objetivo de rentabilizar esta inversión en beneficio del sistema bibliotecario español. "Lo que da una idea de lo importante que sería la creación de un único catálogo compartido", apostilla.
Los 'populares' argumentan que los países del entorno disponen de catálogos colectivos únicos de sus bibliotecas y bases de datos comunes, de tal manera que se posibilita la recuperación de una información, indispensable para el estudio y la investigación, por un único medio, lo que fomenta el acceso a la información y por lo tanto aumenta la generación de conocimiento.
Las cuatro enmiendas parciales restantes del Grupo Popular a la Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España responden a aspectos técnicos.