UE-TELECOMUNICACIONES

El Parlamento Europeo bloquea la ley y exige una orden del juez para cortar internet

El Parlamento Europeo (PE) ha respaldado hoy, de forma inesperada, una enmienda en el nuevo marco de regulación de las telecomunicaciones que exige una orden judicial para cortar el acceso a internet a un usuario, por lo que el conjunto del paquete de medidas legislativas queda bloqueado.

Al no formar parte esa enmienda de la posición común alcanzada entre el PE y los países de la UE, la totalidad del marco ya no podrá ser aprobada en la presente legislatura, cuyo último pleno se celebra esta semana.

La regulación pasará en otoño al comité de conciliación -última oportunidad para que la Eurocámara y el Consejo logren un acuerdo-, a menos que los ministros de Telecomunicaciones, el 12 de junio, den su visto bueno a la votación de hoy.

Esto es muy poco probable, principalmente porque un grupo de países, encabezado por Francia, Reino Unido y Alemania, no se muestra dispuesto a aceptar la posición del Parlamento sobre la necesidad de una sentencia judicial para restringir el acceso a internet.

A causa de un cambio a última hora en el orden de la votación solicitado por los Verdes y los liberales, los eurodiputados aprobaron por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones la enmienda 9 del informe sobre las redes y servicios de las comunicaciones electrónicas.

El grupo socialista respaldó prácticamente en bloque la enmienda, mientras que los populares estuvieron bastante divididos con una mayoría que se abstuvo en el voto individual.

Así, el PE apoyó no imponer "restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales", según el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en materia de libertad de expresión y de información, "excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior".

La modificación de los votos motivó que la enmienda 10, sobre la que el PE y el Consejo se habían puesto de acuerdo, decayese.

Ese texto preveía que cualquier medida sobre el uso de internet respetase "los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, incluidos el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley que actúe en el marco de un procedimiento justo".

Todo ello, de conformidad con el "artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales", pero sin hacer referencia a una orden judicial previa para restringir ese acceso a la Red.

La comisaria europea de Sociedad de la Información, Viviane Reding, recordó en una rueda de prensa que el pleno ha respaldado los diferentes informes que constituyen la legislación, a pesar de que la inclusión de la enmienda 9 los haya bloqueado, y señaló que "la pelota está ahora en el campo" de los ministros.

Para una de las ponentes, la eurodiputada popular Pilar del Castillo, la enmienda de compromiso que ha decaído hoy "protege mucho mejor los derechos de los internautas" que la que la ha sustituido, que considera "inoperante desde el punto de vista jurídico".

Otra ponente, la socialista francesa Catherine Trautmann, señaló que "el compromiso daba garantías a los derechos de los internautas y era una vía para desbloquear el paquete", mientras que la socialista española Francisca Pleguezuelos, que también firma un informe, manifestó que el paquete intenta regular desde el punto de vista tecnológico y no entrar en contenidos.

La redacción del artículo sobre los derechos de los internautas fue uno de los puntos más difíciles en la negociación entre el Parlamento y el Consejo, especialmente en un momento en que países como Francia intentan impulsar leyes contra la descarga ilegal de contenidos sin que medie una orden judicial.

De esa manera, la policía o un organismo creado ad hoc tendrían potestad para restringir el acceso a internet a los usuarios, una posibilidad que la Eurocámara siempre rechazó.

Aunque el tema de las descargas ilícitas -que no están mencionadas explícitamente en el texto- y las medidas contra los internautas que las practican no estaba incluido en la versión original del paquete, acabó formando parte de él a petición de varios países.

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