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"Ridículo internacional"

El abogado experto en derechos de propiedad intelectual, Carlos Sánchez Almeida, considera que España ha hecho un "ridículo internacional" que "nos hubiéramos evitado si se hubiera aprobado un Real Decreto sobre el canon", como el Gobierno había prometido, indica.

"Ante esta situación el que tendría que tomar la iniciativa es el propio presidente del Gobierno", recalca, ya que " la ministra se limitará a convocar a un grupo de expertos, que es lo que hace siempre, es decir, nada", observa.

Para el abogado, el Real Decreto, que debería haberse aprobado con las excepciones que ahora destaca la UE, debe aprobarse de urgencia, "igual que se hizo con el de la reforma laboral", con lo que "se podría tener en un mes".

Las entidades de gestión, en el punto de mira

En este sentido, el abogado David Bravo también resalta que "nunca es demasiado tarde para aprobar una ley compatible con la directiva" y considera que "además, debería investigarse cómo las entidades de gestión aplican el canon injustamente". Para ello, debería realizarse un seguimiento mediante auditorías eficaces "no como las que existen actualmente que son iguales a nada".

El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, resalta que "los políticos se han empeñado en escuchar sólo a los intermediarios, que son las entidades de gestión, que no aportan valor a la sociedad". Por ello, valoran positivamente la sentencia, "que avala nuestras tesis de que estamos ante un canon indiscriminado, injusto, que no tiene ningún sentido en una sociedad moderna en la que estamos". Y añade que "poco a poco se está imponiendo el sentido común a base de sentencias".

Patas arriba

Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, la sentencia es un "respaldo legal a una lucha que llevamos desde hace siete años" y "confirma las tesis que defendemos no son una banalidad". Subraya que la sentencia " pone patas arriba el concepto del cobro".

Pérez Subías indica que, aunque la sentencia afectará especialmente a empresas, administraciones públicas y profesionales (cuatro millones de autónomos, recalca Víctor Domingo), esta decisión del Tribunal de la UE es "el primer paso en la abolición del canon no solamente para empresas sino también para los particulares" ya que "de forma realista, por sentido común, debería extenderse a todos los usuarios".

Para Pérez Subías que "unos paguen y otros no es una falta de responsabilidad y de sentido común". Por ello, aboga por la retirada de la ley que sería la solución "más sencilla".

Devolución del dinero

"La sentencia tendrá consecuencias para las causas abiertas y para todo el dinero que ya se ha cobrado", explica el abogado Sánchez Almeida y "para ello habrá que ir caso por caso".

Lo que se ha planteado es que era discriminatorio que las empresas, administraciones públicas y profesionales pagarán el canon. "Si se demuestra que iban a hacer copias de seguridad y que no era para uso particular, la acción a plantear será la devolución de las cantidades".

Para Pérez Subías, "se supone que el canon debe ayudar al autor y, sin embargo, al autor y al creador les cuesta dinero. Es un sin sentido que paguen más de lo que se les retorna".