Slim podría evitar una histórica multa en México por prácticas monopolísticas

América Móvil, la gigante firma de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, podría esquivar el golpe de una pesada multa del ente antimonopolios, un proceso envuelto en una complicada maraña legal y que es cuestionado por expertos del sector.

La Comisión Federal de Competencia (CFC) debería resolver en septiembre sobre una histórica sanción por unos 1,000 millones de dólares que le impuso a Telcel, la unidad mexicana de América Móvil. La firma pidió que la decisión sea revisada.

Distintos analistas y observadores creen que tanto las dificultades dentro de la propia CFC como las medidas legales que alargarían indefinidamente el proceso, la multa podría quedar en el limbo o en una fracción del monto original.

"Todo está suspendido, en pocas palabras. No estoy muy seguro de que pueda (la CFC) emitir una resolución en septiembre, como se ha dicho", dijo Martín Lara, analista de telecomunicaciones de la casa de bolsa Actinver.

En abril, el regulador decretó la multa por 11,989 millones de pesos -cerca del 10 por ciento de los activos de Telcel- alegando que la empresa reincidió en prácticas monopólicas en el mercado de celulares mexicano, que lidera con cerca del 70 por ciento de las líneas.

De los cinco directores de la CFC, uno -Agustín Navarro- se excusó de participar por un conflicto de intereses, con lo que la votación a favor de la sanción se tomó de manera dividida: dos en contra de la multa y dos a favor.

Pero el voto del presidente del regulador, Eduardo Pérez Motta, vale doble, con lo que desempató la votación.

Posteriormente, América Móvil logró que se excluyera a Pérez Motta de la revisión de la multa, alegando que algunas declaraciones del funcionario mostraban parcialidad.

Eso deja sólo tres comisionados para votar sobre la reconsideración de la multa, y dos de ellos votaron originalmente en contra. De repetir su votación, la multa podría ser revocada, o modificada sustancialmente.

TRIBUNALES EN EL MEDIO

No obstante, la empresa de televisión de paga, Internet de banda ancha y telefonía fija Megacable y la telefónica Axtel -dos de las que denunciaron a Telcel en la investigación que generó la multa- se ampararon ante tribunales en contra de la exclusión de Pérez Motta.

Mariano Calderón, socio del despacho legal Santamarina y Steta, comentó que "no puede resolver la Comisión el recurso de reconsideración sino hasta que se resuelva el juicio de amparo para ver si procede o no la recusación de Pérez Motta (...) ese juicio de amparo generalmente se lleva un año".

Otra situación que podría influir en la decisión es que el comisionado Navarro finaliza a mediados de septiembre su período dentro de la CFC y su eventual sucesor -que debe ser nombrado por el presidente Felipe Calderón- podría participar en esa votación.

No está claro cuándo podría ser nombrado ese nuevo miembro de la CFC.

Calderón, experto en litigio constitucional, administrativo y fiscal, agregó que "creo que el nombramiento de un nuevo comisionado puede ayudar a destrabar el asunto".

APUNTEN CONTRA SLIM

La multa es uno de los varios casos que han lanzado reguladores y autoridades del país este año y que han afectado a las empresas de telecomunicaciones de Slim, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes.

Las acciones de América Móvil han perdido más de un 17 por ciento en lo que va del año.

Algunos expertos opinan, además, que las situaciones que causaron la multa podrían haberse resuelto con una mejor regulación en el sector de las telecomunicaciones, y que la sanción no ofrece soluciones en sí misma.

La multa a Telcel se basa en que, según el regulador, la empresa incurrió en una práctica monopólica al cobrarle a sus competidores una tarifa de interconexión -lo que pagan las empresas por usar redes ajenas- superior a la que se aplica a sí misma por terminar llamadas en su red.

"La conducta (...) por la que se está castigando a Telcel es una práctica que se ha observado en todos los operadores móviles en el mundo y cuya solución predominantemente es de carácter regulatorio, no punitivo", dijo Ramiro Tovar, un analista local de las telecomunicaciones.