Más de 3.500 delincuentes sexuales han sido expulsados de Facebook y MySpace

Según palabras del fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, en el momento que se aprobó la ley: "el terreno de juego de hoy en día no se limita a la esquina de una calle sino al ciberespacio". "La expulsión debe funcionar como un toque de atención a todo el mundo: tanto para los padres que deben vigilar lo que sus hijos hacen en la red, como para las autoridades e incluso las propias redes sociales", informaron al diario 'New York Daily News' fuentes cercanas a la investigación.

Laura Ahearn, directora general del 'Centro para Victimas de Crímenes' destacó que el hecho de que este número de criminales sexuales hayan sido expulsados de Facebook y MySpace demuestra que "la ley está funcionando".

Antes de la ley, "los predadores sexuales acechaban a sus anchas por las redes sociales buscando a victimas inocentes pero ahora gracias al fiscal Andrew Cuomo se ha enviado un mensaje claro: hay un nuevo sheriff en el ciberespacio protegiendo a los más débiles", según el diario neoyorquino para Ahearn.

Los nombres de los expulsados se enviaron a la 'División de Libertad Condicional' del Estado de Nueva York que determinará si los "acosadores sexuales" han quebrantado en las redes sociales alguna de las disposiciones que se establecen en la orden de libertad condicional que se les ha concedido.

La 'División Estatal de Servicios de Justicia Penal' informó que de los 30.000 infractores sexuales que actualmente hay registrados en el 'Estado del Imperio' 8.106 han proporcionado su dirección de correo electrónico y otros datos de su actividad on-line.

De aquellos que han proporcionado sus datos, un 43,5% tenían perfil o bien en MySpace o en Facebook. Los delincuentes tienen 10 días para comunicar la creación de nuevos perfiles on-line o se enfrentarán a un juicio por haber cometido un nuevo delito según recoge la ley e-STOP.

Los que no han proporcionado sus datos o bien están de nuevo en prisión por reincidir, no tienen conexión a Internet, no tienen casa propia o simplemente no han respondido, dijo un portavoz de los Servicios de Justicia Penal.