La Comisión Europea (CE) abrió hoy un procedimiento de infracción a Francia por la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad en la cadena de televisión pública.

La Comisión Europea tiene abierta una investigación a España por un asunto similar: el sistema de financiación de la Radiotelevisión española (RTVE), que también ha eliminado la publicidad y que suscita "dudas" a la CE.

El Gobierno francés introdujo el gravamen sobre la cifra de negocio de los operadores de telecomunicaciones el 5 de marzo de 2009, y la condicionó a la obtención del permiso para proveer servicios de este tipo en el país, entre ellos internet y la telefonía móvil.

Este impuesto,junto con otro aplicable a la publicidad de las cadenas privadas, supondría la recaudación de 400 millones de euros, según fuentes citadas por la CE. Sin embargo, la CE considera que una carga administrativa asociada a una autorización "no puede ser empleada más que para financiar ciertos costos especificados en los textos europeos, y esencialmente relacionados con el régimen de autorización o los trabajos de reglamentación", según dice el comunicado enviado.

"He expresado mis dudas 'sobre la tasa a las telecos' en varias ocasiones", declaró la responsable comunitaria de Sociedad de la Información, Viviane Reding, en una comunicado enviado hoy. "Este nuevo impuesto no sólo parece incompatible con las normas europeas, sino que afecta a un sector que ahora mismo es uno de los principales motores de crecimiento económico", dijo la comisaria.

Reding expresó también sus temores de que el gravamen repercuta sobre los precios de unos servicios que, precisamente, la CE está intentando bajar. Francia tiene ahora dos meses para responder al Ejecutivo comunitario, que procederá a enviar una "carta motivada" (segundo paso en el proceso de infracción), en ausencia de respuesta por parte del Gobierno francés o en caso de que ésta no sea "satisfactoria".

La cadena pública española pretende beneficiarse de un porcentaje del 3% sobre los ingresos de las televisiones privadas estatales en abierto , del 1,5% de los operadores de pago y el 0,9% de los operadores de telecomunicaciones. También recibirá el 80% de la recaudación por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta una cantidad máxima de 330 millones de euros.