¿Quién tiene tanta prisa? El Gobierno ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones que permite la fusión de dos cadenas si entre ellas no suman más del 27% de la audiencia, y siempre que se garantice la existencia como mínimo de tres operadores privados de ámbito estatal con dirección editorial distinta.

Asimismo, contempla la supresión del límite del 5% para las participaciones cruzadas entre operadores de televisión. Ahora el tope se establecerá en que el share de las cadenas en las que esté presente la persona o entidad no supere el 27%.

Éste era una de los medidas que se iban a incorporar a la Ley General Audiovisual, pero el Ejecutivo ha decidido aprobarla por la vía de urgencia.

El Real Decreto, que promueve la concentración empresarial, tiene como finalidad "garantizar el pluralismo informativo" en el sector, y se "fortalecerá" financieramente a las televisiones en un "momento grave" de descenso de la publicidad, ha apuntado la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Hace algo más de dos años, el Ejecutivo ya apeló al fomento del pluralismo para justificar la aprobación de dos nuevas concesiones de televisión en analógico ( Cuatro y La Sexta).  

Según Jorge del Corral, secretario general de Uteca (entidad que agrupa a las televisiones comerciales), este decreto es "un paso importante, pero intrascendente si no se adoptan las medidas necesarias para que las televisiones públicas no emitan publicidad ni malgasten los dineros públicos comprando derechos que pueden ser adquiridos por las privadas".

Telecinco también ha señalado que lo imprescindible es " redefinir el modelo de televisiones públicas" ante la "fuerte crisis" del sector, "como hemos podido ver ayer por los resultados de Antena 3 y Prisa".  

"Este decreto no parece más que una medida desesperada y fantasiosa para ayudar a algún operador en necesidades", destacó la cadena.

En cuanto a participaciones en operadores españoles de personas o empresas de fuera de la Unión Europea, estarán sujetas al cumplimiento del principio de reciprocidad, aunque no se aplicará con carácter retroactivo.

La nueva normativa impide que una misma sociedad o persona física tenga derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico, ya sea en propiedad o mediante participaciones significativas, superiores a la capacidad técnica de dos múltiplex de cobertura estatal y un múltiplex de cobertura autonómica.

En cuando a los operadores públicos, el decreto establece limitaciones: en el caso del ámbito estatal el Estado no podrá reservar o adjudicar a los operadores públicos más del 25% del espacio radioeléctrico disponible, de acuerdo con el Plan nacional correspondiente.

El límite para las televisiones autonómicas y locales será del 50%.

El Real Decreto establece la obligación de los operadores de TDT de ámbito estatal de poner conjuntamente sus canales a disposición de, al menos, un mismo distribuidor de servicios por satélite o de un mismo operador de red de satélites, con el objetivo de permitir el acceso a dichos canales de aquellos ciudadanos que residen en zonas que no cubre el servicio de la TDT, un 1,5% de la población.

El Gobierno ha anunciado en repetidas ocasiones que prevé aprobar este año una Ley General Audiovisual que ordene el sector, que se rige por una maraña de normas, regulaciones, decretos y leyes, muchas obsoletas . En ella se daría luz verde a la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Serviría para trasponer la directiva europea.

Se daría forma a la Televisión Digital Terrestre -aspectos como el pago se supeditan al "consenso" entre los operadores, como ha repetido el Gobierno en nuemerosas ocasiones -. Se definirían las funciones de las televisiones públicas y privadas. Se establecería la financiación de las primeras. Y se plantearía la concentración empresarial que ahora se aprueba por la vía de urgencia.

¿Quién tiene tanta prisa?