El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para que las televisiones privadas se adapten a los principios de neutralidad y proporcionalidad si deciden cubrir información electoral, como hacen las cadenas públicas.

Fuentes del PP han confirmado a Efe la consecución de este acuerdo, que el pasado miércoles por la tarde ultimaron los diputados José María Benegas y José Antonio Bermúdez de Castro, de los grupos socialista y popular, respectivamente.

El pacto se incorporará al dictamen que ha redactado la subcomisión parlamentaria para la reforma electoral, por lo que será parte del proyecto de ley que PSOE y PP presenten conjuntamente en el Congreso nada más comenzar el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

La regulación de la cobertura informativa de las televisiones privadas en época de campaña electoral quedó en principio fuera de ese dictamen, ya que la redacción que más o menos habían consensuado los representantes de PP y de PSOE en la subcomisión no satisfacía plenamente a las dos partes.

Además, según explicaron el contenido en la conferencia de prensa que dieron entonces Benegas y Bermúdez de Castro, muchos entendieron que se trataba de una intromisión en decisiones de empresas privadas.

Desde entonces, hace un mes aproximadamente, hasta ahora, los dos diputados han intentado ponerse de acuerdo en una redacción, que es la que al final lograron el pasado miércoles.

Como apuntan las fuentes del PP a partir de la información del diario El País de hoy, lo que han acordado socialistas y populares es "un principio de intervención mínima" en las cadenas privadas basado en la doctrina que al respecto presenta el Tribunal Supremo y en las recomendaciones de la Junta Electoral Central.

Según estos precedentes, así como la ley orgánica 2/1988, la igualdad y la pluralidad en la información electoral son requisitos comunes para todas las cadenas, sean públicas o privadas; pero a raíz de esta norma, éstas últimas deberán acogerse también a la neutralidad y la proporcionalidad.

Este precepto resulta menos exigente que las recomendaciones iniciales de la Junta Electoral Central, partidaria de que las privadas apliquen los mismos principios que las públicas, ya que, si bien son de capital privado, proceden de una concesión pública.

Las previsiones de los grupos socialista y popular pasan por la aprobación de la ley en el Congreso antes de fin de año, de forma que estará en vigor en las próximas elecciones autonómicas y municipales.