El Tribunal Supremo h, en función del número de veces que sean utilizadas en los programas de la cadena, del repertorio de la citada sociedad y de las cantidades cobradas a otras televisiones. a establecido unos nuevos criterios para el pago de Telecinco a los intérpretes por los derechos de autor de sus obras

Esta decisión supone la revocación de una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se condenaba a Telecinco al pago de las tarifas -durante el periodo de 1995 hasta la fecha de presentación de la demanda- establecidas previamente por la sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) ante el Ministerio de Educación y Cultura.

En la sentencia, el Alto Tribunal entiende que "se impone la necesidad" de fijar como criterio para el precio de las tarifas que éstas sean ajustadas a su efectiva utilización, ya que resulta "más equitativo".

Asimismo, establece que otro de los criterios " a tener en cuenta" a la hora de negociar deberá ser la comparación con los precios establecidos a otras productoras.

"La equidad tiene una estrecha relación con la necesidad de que las tarifas sean comparativamente adecuadas", explica.

Por último, el Tribunal Supremo señala que la Ley de Protección Intelectual pone en relación el deber de las sociedades de fijar precios generales "sin dejar al margen la consideración de la amplitud de repertorio".

El consejero de Telecinco Mario Rodríguez considera "histórica" esta sentencia, que supone "la primera ocasión" en la que una cadena de televisión consigue una decisión favorable en relación a los derechos de autor de esta sociedad.

Previamente, T elecinco había alcanzado un acuerdo con por una cantidad que supuso a la cadena la mitad de la cifra solicitada, según explicó Rodríguez. AISGE

A lo largo de los últimos años, Telecinco ha abonado a la AIE una cantidad entre los 3 y 4 millones de euros relativos a este concepto, que ahora "deberán ser revisados". En este sentido, señaló que prevé abrir con la citada asociación un proceso negociador y, en caso de no alcanzar un acuerdo, acudirán a los tribunales.