Telemanía
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De los aplausos a los recursos

Reacciones a la aprobación del anteproyecto de ley que elimina la publicidad en RTVE

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Edificio de RTVE en Prado del Rey.

Quien no ha puesto ni un pero al anteproyecto de ley que termina con la publicidad en Televisión Española es, evidentemente, el PSOE.

Su secretaria de Organización, Leire Pajín, ha subrayado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el que ha apostado por un modelo de televisión pública de calidad, al margen de intereses partidistas y que "no tiene precedentes" en España.

Pajín ha apelado a la prudencia y al rigor a la hora de debatir este anteproyecto.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió al Gobierno de que no se puede retirar la publicidad de TVE "a costa del contribuyente". Antes de opinar, los populares quieren conocer el modelo, que la vecepresidenta De la Vega no les pudo explicar porque le dieron plantón en la reunión a la que les había convocado.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido por su parte al Gobierno que retire el anteproyecto de ley , que a su juicio pone en riesgo al 50% de la plantilla del ente público "para intentar beneficiar" a las televisiones privadas, que no necesitan más publicidad "sino más audiencia".

Asimismo, señaló el dirigente popular, lo que debe hacer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es pactar un nuevo modelo de televisión pública con las fuerzas políticas representadas en las Cortes y "no en los despachos de las televisiones privadas".

En este proyecto hay además "algo más grave", a juicio de González Pons, y es que se propone crear un canon a través de las empresas de telefonía móvil para financiar RTVE, y sobre este punto advirtió que prefiere "ver anuncios a pagar más por el móvil".

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha mostrado, por su parte, su oposición "frontal" a la decisión del Gobierno. Lara ha puesto en duda que la medida vaya a servir de una forma efectiva para "favorecer en la práctica a otros medios para que cuenten con más ingresos" y ha denunciado que la decisión se adopta "plegándose a las presiones de las compañías privadas de televisión, sobre todo las que tiene una buena parte de su capital extranjero".

Cayo Lara ha cuestionado también el tramite de urgencia y "las prisas con que el Ejecutivo socialista lleva a cabo su plan".

La Unión de Televisiones Comerciales (UTECA) ha mostrado su satisfacción y reconoce que, por primera vez un Gobierno -con mención especial al presidente y la vicepresidenta del Gobierno porque han sido los que han tenido más constancia- ha diseñado un modelo de televisión pública homologable con otros países europeos como Francia o Reino Unido.

No obstante, el secretario general de UTECA, Jorge del Corral, ha señalado que falta saber cómo será el trámite parlamentario y que tiene que quedar claro que TVE puede dedicar a comprar derechos deportivos de primer orden con el 10 % de la partida dedicada a compras y no el 10 % del presupuesto total.

También considera positivo que aumente la partida destinada al cine español por considerar que una de las acciones principales de una televisión pública es la de contribuir al desarrollo de la industria audiovisual y cinematográfica nacional.

Esto, según el secretario general de UTECA, debería tener un correlato con que TVE tenga muy limitado el acceso a la emisión de películas estadounidenses.

Todas las asociaciones de operadores de telecomunicaciones han calificado de desproporcionada e injusta la tasa del 0,9% de los ingresos del sector que se les va a aplicar.

Redtel, que agrupa a los grandes operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO, que representan el 80% del sector), ha hecho público un comunicado en el que califica la medida de "injusta, desproporcionada, dañina e ilegal" y anuncia que considerará todas las opciones de defensa jurídica de los intereses de los operadores tanto en España como en Bruselas.

De la Vega dice que son "muy libres" de actuar como estimen oportuno, pero el Ejecutivo está convencido de que es una medida que se ajusta a Derecho y que es "razonable" aplicarla para quien se beneficiará del fin de la publicidad en TVE.

"No parece que se pueda entender que lo que se paga en unos países por los operadores de telecomunicaciones no se pueda pagar en España", añadió la vicepresidenta.

En cuanto a la amenaza que han hecho las operadoras de telefonía de que cargarían sobre las tarifas de los consumidores el impuesto que les va a aplicar el Gobierno, De la Vega señaló: "No se puede decir que se trasladará la carga a los usuarios, y al mismo tiempo, que no puede hacer frente a esa contribución. Es algo contradictorio".

La vicepresidenta primera subrayó que las teleoperadoras tienen ingresos "muy importantes", pero el Gobierno atenderá los casos concretos en los que haya empresas en dificultades.

El presidente de la patronal tecnológica AETIC, Jesús Banegas, ha reiterado el efecto que puede tener esta medida en la inversión, en el empleo y en los precios de las telecomunicaciones y ha recordado que el sector sufre ya impuestos especiales por valor de 825 millones al año y que con la nueva tasa se elevará a 1.115.

Martín Pérez, y dijo que van a trabajar para conseguir modificar el proyecto de ley en su actual redacción. presidente de la patronal ASIMELEC, calificó la medida de retroceso y hándicap para el desarrollo de la Sociedad de la Información

Las reticencias de los sindicatos de RTVE, por su parte, han ido creciendo a medida que pasaban los días.

El portavoz del Comité General Intercentros (CGI), Teo Altieri, ya ha anunciado que se reunirán a partir de la próxima semana con los grupos parlamentarios para solicitarles que en la nueva ley se incluya una garantía de la conservación de empleos que puedan verse afectados por la supresión de publicidad.

Altieri considera que será "fundamental conocer la letra pequeña" de la medida del Gobierno, en relación a las peticiones que realizaron los trabajadores de RTVE.

El CGI aseguró que espera reunirse "con todos los partidos políticos". Asimismo, Altieri reiteró que discutirán otros temas "igual de importantes", ya que, a su entender, la nueva propuesta del Gobierno obliga a replantearse la "posible viabilidad de la televisión pública en los próximos veinte años".

El portavoz de USO en la Corporación, José Carlos López, considera que el nuevo modelo "supondrá eliminar la competitividad de RTVE y un primer paso para reducir la plantilla".

" Si se baja de audiencia va a ser muy difícilmente justificable que el Estado aporte 1.200 millones de euros en algo no rentable, como pasó en su día con la Cadena Peninsular", ha señalado López.

El sindicato ve también preocupante el futuro de los casi 200 trabajadores del área comercial.

Alternativa RTVE cree que la propuesta "esconde un sistema para favorecer a los operadores privados" y "pone en grave peligro el futuro de un modelo de RTVE pública, condenándonos a limitar nuestra capacidad de programación y a dejar de ser referentes en la sociedad".

Asimismo, denuncia la manipulación en el tratamiento que han dado a este anteproyecto los servicios informativos de Radio Nacional.

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