El estatuto andaluz impide privatizar Canal Sur

El secretario general de la Federación de Organismos de Radiotelevisión Autonómicas (Forta), Enrique Laucirica, ha calificado de "positiva" la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual que ha estudiado este viernes el Consejo de Ministros porque "abre una venta más a los modelos de explotación de la radiotelevisión pública autonómica".

"No podemos decir que sea negativo, sino todo lo contrario. Se abre esa posibilidad y democráticamente, en cada uno de los ámbitos en los que operan las televisiones autonómicas, se decidirá cual es el modelo de gestión que se aplica", ha señalado Laucirica tras conocerse que el Gobierno tiene la intención de reformar la ley para que cada comunidad autónoma pueda decidir la forma de gestión de los canales públicos de televisión, incluido la gestión privada.

Además, el secretario general de la Forta ha indicado que "no es ninguna sorpresa", ya que el PP llevaba en su programa electoral la posibilidad de que cada región pudiera decidir el régimen de explotación de su canal de radio televisión pública autonómica. "Se trata del cumplimiento de una promesa electoral", ha subrayado.

No obstante, Laucirica ha recordado que la modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual no bastará para permitir la gestión por parte de una empresa privada en todas las comunidades autónomas, ya que los estatutos de autonomía de algunas regiones "imposibilitan cualquier modelo de privatización".  

Es el caso de Andalucía. El presidente, José Antonio Griñán, ha señalado al conocer el anuncio realizado por la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría: "Por supuesto la vamos a mantener" , en referencia a Canal Sur.

En el sentido contrario se pronuncia la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, una de las mayores impulsoras de la medida: "Entiendo que la gestión privada de las televisiones públicas es algo que los gestores autonómicos, sobre todo los del PP, habíamos demandado hace tiempo. Creemos que es la mejor manera de gestionarlo", ha dicho.

Los sindicatos CCOO y UGT, por su parte, han rechazado la reforma de la ley al entender que la privatización de las televisiones autonómicas " no evitará costes" y conllevará despidos de los empleados de los entes públicos.