La sentencia del Supremo que fija que la hipoteca se pague al cincuenta por ciento en los divorcios y que crea jurisprudencia, ha sido –o esa es la impresión que he tenido- interpretada como el colmo del equilibrio y la ecuanimidad. Un ciudadano que se veía obligado a pagar el ochenta por ciento de la suya ,- corriendo a cargo de su ex pareja el veinte por ciento, cada uno en función de sus ingresos-, ha peleado y ha ganado. Y ha cambiado los procedimientos.
Por mi parte tengo muy serias dudas de la bondad de la sentencia. Porque lo justo es que cada uno pague en función de lo que puede aportar. Decidir hipotecarse es cosa de dos, que en ese momento aportan en función de su situación; es un compromiso que no debería alterarse y que perjudica claramente a las mujeres, habitualmente con trabajos peor pagados y algunas dedicadas al cuidado de casa, hijos y marido y con escasa promoción profesional.
Con esta sentencia es muy difícil hacer una valoración justa, aunque , por otro lado, estén las compensaciones que establezca el juez por la separación: hijos, gastos, etc. “No se puede entender como una carga del matrimonio, sino como una deuda de la sociedad de gananciales”-dice la sentencia. Pero en esos gananciales es muy complicado decidir lo que cada uno ha aportado. Que no siempre es dinero, sino entrega y renuncias que, muchas veces , borran la posibilidad de tener un futuro.