23 meses de cárcel por falsedad en documento oficial y tentativa de estafa. 19 meses por el primer delito y cuatro meses por el segundo: 23 meses. Es la sentencia, recién salida del juzgado, del caso "Karlos" y por si alguien todavía no lo tenía claro, María José Campanario no pisará la cárcel. Le ha faltado un mes más de condena, con 24 meses y un día habría purgado sus penas entre rejas. En su favor hay que decir que ni tiene antecedentes ni representa un peligro para la Sociedad.
La primera pista de lo que iba a suceder llegó a principios de junio de la mano del fiscal cuando retiró el delito por la supuesta suplantación de la madre de Campanario en una prueba médica ( en realidad lo incluyó como una estratagema más dentro del de estafa ). Si al principio le pedían cuatro años de cárcel, una vez borrado el delito de suplantación pasaron a pedirle 2 años y 9 meses. Se allanaba el camino para una condena mínima, que es lo que ha ocurrido. Da igual los pinchazos telefónicos. Da igual el relato de hechos probados del tribunal. Campanario dice que pagó 9.000 euros a Carretero ( él dice que fueron 18.000) con el fin de que su gestoría le agilizara los trámites para revisar la pensión de su madre. Pero es que los trámites son gratuitos y además no pide recibo. Tampoco se da cuenta que en los papeles que le dan para preparar la estafa están encabezados por "SOLICITUD DE INCAPACIDAD TOTAL" en vez de una revisión de incapacidad. El juez da por demostrado, con los testigos, que la madre de Campanario se inventa la lesión para pedir la incapacidad total en las primeras citas médicas. Ella lo confiesa. Y por último Campanario paga ese dineral para que le atiendan los mejores especialistas pero no le extraña que el día de la prueba médica definitiva le ordenen a su madre que no salga de casa en vez de ir al hospital. Según el juez, Campanario sabía que hacía algo ilegal pero no está probado que le advirtieran de que otra mujer se haría pasar por su madre para superar la prueba médica. No hay, según el magistrado, delito de suplantación. Sólo de estafa y falsificación documental (por falsificar informes médicos). Para terminar, el juez se inclina por pensar que la madre de Campanario no sabía que la habían empadronado ilegalmente en Cádiz para pasar allí las pruebas con la red de estafadores, y eso que Remedios Torres vive en Castellón. Al parecer le parecía de lo más natural pasar las pruebas en otra provincia a cientos de kilómetros de su domicilio.
El resultado de todo ésto es que al final le condenan en una sentencia que derrocha subjetividad. Una misma conversación le sirve al juez para condenarla por un delito y exonerarla del siguiente. Así se condena, pero no mucho. Quizá lo normal es que si la conversación prueba ese delito, también pruebe el siguiente que está conectado al primero. Y la conclusión es que Campanario arriesgó y no le sale mal. Pudo haber pactado la pena en un año y unos meses pero prefirió declararse inocente y jugársela. Si pactaba tenía que declararse culpable ante la Justicia, y aún peor, ante el público. Si se declaraba inocente podría quedar culpable ante la Justicia pero no ante el público. No pactó y le cayeron tres meses más de los previstos en el acuerdo, a cambio puede seguir diciendo que es inocente y además la multa de 200.000 euros que le pedían se ha quedado en menos de 2000. ¿Qué dirá ahora la mujer del diestro de Ubrique? Dirá que no es justo, que no ha quedada acreditada su participación en todos o la mitad de delitos que se le imputaban. ¿Cuál es el siguiente paso de su mujer y su suegra? recurrir la sentencia arriesgándose a que se la aumenten hasta que pise la prisión. ¿Qué ha hecho el juez del caso? Darles diez días para que analicen la sentencia antes de tomar una decisión. Como me recuerda Bárbara Royo, abogada y colaboradora de "Las Mañanas de Cuatro", al resto de españoles les suelen dar sólo cinco.