El juez, desbrozando a golpe de machete el llamado "caso Nicolás" ha descubierto la senda municipal por la que transitaba Francisco Nicolás un día sí y otro también de la mano de políticos afines al consistorio madrileño, aunque todavía no se ha podido demostrar si Nicolás usaba esos senderos para sus presuntos viajes de ida y vuelta entre ciertos personajes municipales y empresarios necesitados de licencias y resoluciones de expedientes.
La policía que investiga el caso ya lo apuntaba en su último informe de 200 folios que revelamos en primicia en "El Programa de Ana Rosa". El análisis de los ordenadores y teléfonos móviles de Francisco Nicolás descubrió un listado de conversaciones y llamadas que provocan sonrojo. "Revelación de secretos, cohecho y grupo criminal" así enunciaba la policía en su informe sus pesquisas sobre la estrecha amistad de Nicolás con el coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, su esposa, dos policías municipales y un guardia civil destinado en la Casa Real.
Los investigadores creen, leyendo los mensajes entre ellos, que el coordinador del Ayuntamiento de Madrid facilitó a Nicolás información sobre matrículas (revelación de secretos) y prestó a Nicolás un vehículo oficial para pasear por Madrid al alcalde de Miami con intenciones no demasiado claras. Los policías destacan la anotación de 5.000 euros a cargo del político que figura en la llamada “contabilidad B” de Nicolás y sospechan de una contraprestación económica de Nicolás a cambio de su ayuda. Tampoco ayuda que la policía encontrara en el ordenador Mac de Nicolás el currículo de García-Grande, algo que la policía interpreta como un requerimiento a Francisco Nicolás para que lo hiciera llegar a instancias superiores a cambio de los supuestos favores prestados.
Y aunque es cierto que la policía quizá vaya demasiado lejos imputándole un delito de asociación criminal a los dos policías que supuestamente hicieron tareas de escolta a Francisco Nicolás por mantener un chat llamado “Seguridad Nacional” en que se refleja como supuestamente le facilitaban información de matrículas y material policial a cambio de remuneraciones dinerarias en sobres “que debes dejarnos donde siempre”, los investigadores señalan que ambos podrían haber cobrado los 30.000 euros que a su nombre figuran en las anotaciones de Nicolás. Al guardia civil destinado en Casa Real, la policía le acusa de prácticamente lo mismo y a la funcionaria que le facilitó presuntamente un DNI falso a Nicolás le acusan de falsificación de documento oficial.
Hoy, tras recibir el informe policial, el juez Zamarriego imputa y llama a declarar al coordinador del Ayuntamiento de Madrid, a los dos policías municipales, al guardia civil y la funcionaria de la comisaría de Tetuán. Una de las acusaciones más activas del caso, la de la Asociación de Policía Muncipal Unificada APMU, vuelve a pedir la dimisión del segundo máximo responsable de la policía municipal de Madrid, Emilio García-Grande. Su presidente, Carlos Bahón, lleva meses insistiendo en el origen municipal de la “trama Nicolás” y la necesidad de investigar la supuesta relación de determinados establecimientos de hostelería de Madrid con Nicolás como presunto mediador de licencias e inspecciones. La mayoría locales ubicados en el distrito de Chamartín de donde salió este apasionante joven y algunos de los políticos del PP que flanquean este caso todavía por aclarar.