El Barça no se plantea la final en el Camp Nou para evitar nuevas posibles injurias a la Corona

Entonces, en los prolegómenos de la final, ambas aficiones silbaron el himno nacional ante la presencia del Rey Felipe VI. Y, para defender esa neutralidad, Vives aseguró que se debe a que todavía están pagando "las consecuencias" de aquella final, en alusión a la pitada y a que la Fiscalía crea que son un posible delito de injurias a la Corona.

"No nos hemos planteado ser sede en el Camp Nou porque todavía pagamos las consecuencias de la última final jugada aquí. De todos es sabido lo que pasó, que se pitó el himno y que algunos consideran que puede ser un indicio de un delito penal. Esas consecuencias. Ante una cuestión como esa el club no descarta nada pero no presenta su candidatura por sentido común", explicó Vives en rueda de prensa.

En este sentido, prefieren esperar a ver los frutos de la reunión. "La cuestión es que hay unas consecuencias por la pitada y antes de tomar una decisión tenemos que ir a una reunión con la RFEF para ver los diferentes escenarios. Lo más prudente por parte del club es ir a esa reunión y poner sobre la mesa nuestros requisitos, abiertos a pactar con el Sevilla y la RFEF", argumentó.

Cabe recordar que a principios de febrero la Fiscalía informó a favor de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar por un posible delito de injurias al Rey y a los símbolos o emblemas de España la pitada al himno de España que se produjo durante la final de la Copa del Rey celebrada el pasado 30 de mayo entre el Futbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao.

La Fiscalía considera que los silbidos de la final del torneo pueden tipificarse en el artículo 490.3 del Código Penal, que castiga las injurias al Rey en el ejercicio de sus funciones con una pena de seis meses a dos años de prisión si fueran graves, y con una multa de seis a doce meses en caso de no serlo. A su juicio, la pitada constituye también el delito previsto en el artículo 543 del Código Penal, que castiga las "ofensas o ultrajes a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad", con una multa de siete a doce meses de prisión.