La acusación particular pide 14 años de cárcel y seis millones a Lopera por su gestión del Betis

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reanudado este lunes el juicio contra Lopera después de que fuera suspendido 'sine die' el pasado mes de noviembre debido a la enfermedad del encausado. Así, la vista oral se ha retomado con la presentación con la presentación del informe final del abogado de Béticos por el Villamarín, Aurelio Ruiz, quien ha ratificado la petición de prisión de 14 años para el ex máximo mandatario del Betis y seis millones de indemnización --rebajada de los 26 millones pedidos inicialmente-- por un delito de un delito societario y de apropiación indebida continuado.

Además, el letrado de la acusación ha solicitado la restitución para la entidad de las 20.662 acciones que en 1995 fueron cedidas a Farusa como pago de una deuda "ficticia". En este sentido, Ruiz ha indicado que de no ser posible su restitución se indemnice a la entidad por el valor que fije en tribunal. Para Béticos por el Villamarín, este paquete de acciones no se pueden incluir en el acuerdo firmado el pasado 27 de julio entre Lopera y Luis Oliver con el Real Betis y las asociaciones Liga de Juristas Béticos y Por Nuestro Betis --que se dieron por resarcidos y retiraron así su acusación-- para la cesión del 51 por ciento de sus acciones por 15 millones de euros, ya que el juez de lo Mercantil número 1 de Sevilla decretó la nulidad de la suscripción en 1992 del 31 por ciento de las acciones del Real Betis a Familia Ruiz Ávalo S.A (Farusa), la empresa del expresidente y ex máximo accionista del club Manuel Ruiz de Lopera. En concreto, declaró la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones del Betis, propiedad originariamente de Farusa, y de otras 6.000 acciones del Betis y de Manuel Morales Lunas y José León, actualmente tituladas por Farusa.

Según Béticos por el Villamarín, "no se ha producido la devolución de esas más de 20.000 acciones porque han sido anuladas por el Mercantil". "No existen", ha reiterado el letrado de la acusación de Béticos por el Villamarín, que se opuso al acuerdo del pasado mes de julio.

El letrado ha expuesto que la asociación mantiene la acusación penal por el delito societario contra Lopera aunque no va a reclamar responsabilidad civil al respeto, una vez que la entidad --Real Betis-- se da por resarcida con el pacto firmado el pasado mes de julio.

Además, durante su exposición ha mostrado diferentes contratos "que no se correspondían con una práctica real y efectiva" firmados entre el club y las sociedades de Manuel Ruiz de Lopera, Tegasa y Encadesa, y que suponían beneficios económicos para éstas sin contraprestación de servicios algunos para la entidad.

En este sentido, el letrado ha recordado algunas sentencias --de la Audiencia Nacional y del juzgado de lo Penal número 10-- y su pronunciamiento sobre estos contratos y la "falta de realidad" de los mismos. "La realidad material de los contratos no corresponde con la realidad efectiva, pues no se prestaban servicios algunos al club", según el abogado de la defensa, aludiendo a estas sentencias. Estos contratos, según ha argumentado en su informe final, permitieron el traspaso de ingresos y beneficios del club a estas sociedades, cuya "única actividad era recibir dinero del Betis". El letrado ha añadido al respecto que "nunca hubo retorno real" al club de los beneficios generados por estas sociedades con el dinero ingresado por el Betis y gestionado por éstas.

De otro lado, ha enumerado algunos contratos "ficticios" para demostrar el delito de apropiación indebida, donde --las sociedades-- buscaban "beneficiarse y aprovecharse de los recursos del Betis". Así, ha indicado el contrato de amortización por Albert Nadj (273.000 euros); otro de opción de compra de jugadores del CSKA (1,4 millones), que no se efectuó; un contrato con Europeski (900.000 euros); de un delito con Hacienda de 2,2 millones; y de rescisión de Roberto Ríos (1,2 millones, de los que el diez por ciento fueron a parar a Tegasa).

Para el abogado de Béticos por el Villamarín, "no existe razón alguna, salvo si pensamos en un abuso de poder para un beneficio, en virtud de la cual se justifique la retención de 200 millones de pesetas por el hecho de pagar una cláusula de rescisión", como en el caso de Roberto Ríos.

RECHAZA LAS ATENUANTES DE LA DEFENSA

De otro lado, Béticos por el Villamarín ha rechazado la aplicación de las atenuantes solicitadas por la defensa de la acusación de dilaciones indebidas y reparación del daño. En este sentido, el letrado de la acusación ha indicado que la prueba de la reparación del daño "le corresponde a la defensa y esperamos esa prueba". Aunque la responsabilidad civil quede satisfecha para el club tras el pacto, "otra cosa es la responsabilidad penal". "En el ámbito penal hay que llegar hasta la verdad material", ha insistido, argumentando que la reparación del daño tiene que quedar acreditada en el proceso. "No sabemos en qué ha consistido esa reparación, pues la entrega gratuita de 36.000 acciones, anuladas por el Mercantil, no puede ser", ha asegurado.

La reparación del daño, según el letrado, exige "no sólo la restitución, sino demostrar especialmente arrepentimiento por parte del imputado". "No apreciamos la reparación del hecho, ni se ha acreditado", ha insistido. Sobre la dilación indebida, ha expuesto que el tiempo que se computa perdido no es imputable a las pruebas de la causa, recordando los numerosos recursos interpuestos por la defensa de Lopera.

De su lado, Béticos por el Villamarín retiró la acusación contra el exvicepresidente del Betis Ángel Martín, que al no estar acusado por la Fiscalía ha sido absuelto, y contra Luis Oliver, aunque en este caso la asociación sí mantiene la petición de responsabilidad civil.

Este martes continúa la vista oral con la presentación del informe final de la defensa de los acusados, comenzando la letrada de Manuel Ruiz de Lopera. El juicio encara su recta final después de que, el pasado día 3 de noviembre, la Fiscalía de Sevilla expusiera su informe final y mantuviera su petición de seis meses de prisión, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros, para el expresidente del Real Betis.

El Ministerio Público, que aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, justificó su decisión en base al acuerdo alcanzado el pasado 27 de julio por la defensa del expresidente del Betis con el club y las acusaciones que ejercen las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, pues Béticos por el Villamarín no ha suscrito dicho pacto.