El 3 de abril de 2013, la Infanta Cristina era imputada por primera vez por el juez Castro. Dos días después, el fiscal apela, el juez deja la declaración en suspenso y Miquel Roca se hace cargo de la defensa. El 7 de mayo, la Audiencia de Palma admite parte de los recurso y la Infanta queda desimputada por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. El 24 de mayo el juez Castro solicita nuevos datos y días después la Agencia Tributaria admite la posibilidad de que existan facturas falseadas en la contabilidad de Aizoon. Finalmente, el 7 de enero imputa a la Infanta por presuNta participación en delitos fiscales y de blanqueo de capitales.