La jueza Alaya responsabiliza a Magdalena Álvarez por las ayudas concecidas entre 2001 y 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía y que considera el origen de las irregularidades de los EREs. Por esto, impone a la exministra una fianza de casi 30 millones de euros porque la considera artífice de los expedientes de regulación de empleo.
