Malversación, fraude a la administración y falsedad documental, los delitos de los que se acusa a Urdangarin. Según la Fiscalía, el Duque de Palma resultó beneficiado por la administración en Baleares y Comunidad Valenciana, que no respetaron la normativa de contratación y Urdangarin desvió los fondos a sus empresas privadas a través de Nóos.