Adoptados para pelear
ESPERANZA CALVO
23/06/201000:00 h.La Operación J.J comenzó en marzo de 2007. PRODEAN, una asociación protectora de animales de Cádiz se pone en contacto con el SEPRONA de La Rioja.
Sospechan que un vecino de Logroño, usuario de su página web, adopta perros de razas potencialmente peligrosas para obligarles a pelear.
El colectivo duda sobre el destino final de estos animales ya que siempre solicita Pitbull, Rottweiler o American Stanffor. Cuando le ofrecen otras razas las rechaza.
La Guardia Civil inicia entonces una investigación en la que se comprueba que ese mismo individuo adoptó entre 2005 y 2007 a otros 15 canes de razas potencialmente peligrosas sin tener la licencia obligatoria para ello.
Los agentes realizan entonces varios registros domiciliarios, en los que se encuentran varios videos de las peleas. "Fue una investigación muy compleja pero muy bien documentada.
Los organizadores se habían grabado a sí mismos azuzando a los perros para que peleasen a muerte. Las pruebas eran contundentes", asegura el jefe del SEPRONA de La Rioja.
La Guadia Civil también localizó a ocho perros con heridas muy graves. Estaban en una finca cercana a Logroño, donde se organizaban los combates en los que los acusados ni siquiera apostaban.
Lo hacían por puro sadismo. En una de las escenas, la más dura, varios integrantes de la red refrescan con agua a un perro que se da por vencido. Quieren espabilarlo para que continúe hasta el final.
Tres años después, los cinco imputados acuden al juicio. Uno de ellos sale absuelto, otro está condenado a pagar una multa de 100 euros por una falta de maltrato animal y tres de ellos reconocen los hechos, por lo que son condenados a una pena de 3 meses de prisión, conmutable por una multa de 720 euros.
Las penas por maltrato animal son tan bajas que jueces y fiscales dicen tener las manos atadas. Para Juan Carlparsoro, Fiscal Jefe de la Rioja, "las fiscalías lo único que podemos hacer es proponer, sugerir al gobierno que se eleven las penas, pero tendrá que ser la sensibilidad social la que haga actuar al Parlamento".
Los miembros de la protectora de animales de Cádiz que denunció el caso están decepcionados con la sentencia. "Es una injusticia tremenda. Después de lo que han hecho, después de las pruebas que logró recabar la Guardia Civil, que tan sólo les haya caído una multa, es una vergüenza".
La legislación actual contempla un año de prisión como pena máxima para el delito de maltrato de animales domésticos con ensañamiento, más inhabilitación de uno a tres años para el ejercicio de una profesión relacionada con los animales. Para muchas asociaciones, es insuficiente y reclaman un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos.
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