La CE no puede determinar si prospecciones petroleras en Canarias violan la normativa europea medioambiental

La Comisión Europea ha aclarado este martes que no está en condiciones todavía de determinar si la autorización de las prospecciones petroleras de Repsol en torno a las aguas de las islas canarias de Lanzarote y Fuerteventura por parte del Ejecutivo español de Mariano Rajoy violan o no la normativa europea medioambiental en el marco de su investigación del caso.

"Todavía no se ha emitido una declaración de impacto ambiental. No es posible por tanto para la Comisión Europea determinar si se ha producido o no una infracción al derecho de la Unión Europea hasta que el proyecto haya recibido una autorización final por parte de las autoridades competentes", ha explicado el funcionario de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, en respuesta a las quejas remitidas por varios ciudadanos canarios a las prospecciones, debatidas este martes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El representante comunitario ha explicado que a Bruselas no le consta que los proyectos de exploración de hidrocarburos "hayan sido autorizados hasta el momento" y "todavía no se ha emitido el impacto medioambiental" del proyecto, insistiendo en todo caso en que "la competencia para decidir sobre la exploración y para la autorización de exploraciones de los recursos naturales corresponde exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros", aunque deben respetar eso sí la legislación europea y "en particular" la medioambiental.

"En tanto en cuanto estos procedimientos de autorización y de evaluación permanecen en curso, la Comisión solamente se puede limitar a exigir el cumplimiento escrupuloso de las disposiciones del derecho de la Unión Europea aplicables", les ha explicado Fernández Gómez.

"Por supuesto la Comisión, una vez sea autorizado, seguirá vigilante ante las actuaciones de las autoridades españolas para exigir que el derecho de la Unión Europea sea respetado en todo momento", ha recalcado no obstante.

El funcionario comunitario ha recordado la necesidad de "reducir o minimizar" los riesgos que este tipo de actividades entrañan y ha explicado que solicitaron información a las autoridades españolas sobre "las medidas que tenían previsto aplicar para garantizar el cumplimiento de la legislación y la preservación del medioambiente" y que las autoridades españolas les han explicado que "están siendo sometido" a un procedimiento de impacto ambiental, que debe "describir los efectos directos e indirectos" negativos.

La evaluación de impacto, ha precisado, incluye "un trámite de información pública" para conocer las opiniones de los interesados y estas alegaciones "deberán ser tenidos en cuenta" en todo caso "antes de la autorización del proyecto".

Varios ciudadanos canarios han reclamado el apoyo de la Comisión y de la Eurocámara para paralizar las prospecciones en aguas profundas que rechazan de forma mayoritaria las instituciones y ciudadanos del archipiélago atendiendo al riesgo de vertido asociado, que no sólo pone "en riesgo" el abastecimiento de agua de la isla, la biodiversidad de las islas y además ponen en riesgo el modelo de desarrollo sostenible económico basado el turismo, gracias a su rica biodiversidad de fauna y flora.

El 'peticionario' Pedro Hernández Camacho, ha recordado además que el proyecto de prospecciones petrolíferas es "un proyecto que ha sido contestado desde el año 2001" por parte de los ciudadanos y fue anulado por el Tribunal Supremo en febrero de 2004 y ha insistido en que "durante ocho años el proyecto no fue sacado adelante" porque el anterior Gobierno socialista "siempre dijo que respetaba la voluntad ciudadana" y que "si no había consenso ciudadano y político" no saldría adelante.

Por ello, ha acusado al Gobierno del PP de buscar "dar un golpe de Estado" a las "instituciones democráticas canarias" que rechazan el proyecto, incluso "incumpliendo normas básicas".

También ha cuestionado la democracia en un país si los ciudadanos no tienen "derecho a opinar antes de que se autorice" la prospección en una zona que cubre unas 600.000 hectáreas.

DEFENSA DEL PP.

El eurodiputado 'popular' canario, Gabriel Mato ha reclamado "respeto" para las decisiones del Gobierno del PP tras defender que "las prospecciones o los permisos han cumplido todos los requisitos" y ha dejado claro que las prospecciones no incumplen la normativa europea. "No hay ningún tipo de vulneración hasta estos momentos y esta es la realidad", ha defendido Mato, que se ha quedado solo en la defensa del proyecto frente al resto de grupos.

El eurodiputado del PSOE, Juan Fernández López Aguilar, ha mostrado su "apoyo rotundo" a los peticionarios en contra del proyecto a la luz de las "objeciones muy fundadas en derecho europeo", el "rechazo claro" de las autoridades canarias al proyecto y la "contradicción de esa autorización con la estrategia de energías renovables" y con "el modelo de turismo sostenible" que es "la columbra vertebral" de la economía canaria, aunque también ha criticado "la ausencia de concurrencia y por tanto de competencia" a "favor de una empresa", en alusión a Repsol, algo que en su opinión también puede contravenir la normativa europea de competencia.

López Aguilar también ha invocado también las consecuencias "posiblemente irreparables" de un vertido como ocurrió en el Golfo de México con la plataforma de BP, ha dejado claro que no existen garantias "plenas" de que las prospecciones cumplen la normativa europea y ha criticado que el Gobierno aprobada las prospecciones "con alevosía" en verano "para evitar movilizaciones" que se han dado de todas formas.

Mato ha recordado que se han presentado 5.169 alegaciones al proyecto luego "claramente" la opinión pública se ha podido pronunciar y ha criticado que todos los argumentos en contra "son para caso de accidente" cuando lo que hayque hacer es minimizarlos "con medidas preventivas".

Por su parte, el eurodiputado de ICV, Raul Romeva, ha respaldado la intervención de López Aguilar y ha recordado las opiniones "un tanto distinta" de los comisarios de Energía y las autoridades comunitarias de Medio Ambiente y ha reclamado "no menospreciar" las consecuencias "irreversibles" en caso de vertido en una zona "geológicamente muy inestable en algunos puntos" donde se quieren hacer las prospecciones, algo que es "claramente un problema".

El eurodiputado de Aralar Iñaki Irazabalbeitia ha criticado que lo que está en juego es el derecho al acceso al agua por "intereses particulares de una empresa" y ha dejado claro que la Eurocámara debe defender los derechos fundamentales de las personas y el interés general.

El presidente en funciones de la Comisión de Peticiones, Willy Meyer, ha anunciado que el expediente seguirá abierto tras el apoyo de todos los grupos a matener abierta la petición, incluido el PP.

Como eurodiputado de Izquierda Unida, ha manifestado que está "en contra" de este proyecto, al tiempo que ha cuestionado que la empresa encargada del proyecto realice la declaración de impacto medioambiental y ha criticado que la Comisión no asuma "el principio de precaución" cuando el proyecto de Repsol "no tendría cabida" porque no cumple la normativa estadounidense, reforzada a raíz del vertido de BP.