El Congreso da vía libre definitiva a la reforma de la LPI

La norma entrará en vigor en su mayoría el 1 de enero de 2015 y entre otros puntos pone en marcha la llamada 'tasa Google'; multas máximas para luchar contra la piratería de hasta 600.000 euros y las mínimas de 30.000 a 150.001 euros; la búsqueda de una mayor transparencia en las entidades de gestión; o la ventanilla única en el pago de derechos de autor. La votación se ha saldado con 172 votos a favor (PP), dos abstenciones de Foro de Asturias y UPN, y 144 votos en contra del resto de la oposición.

"UN REMEDIO PUNTUAL"

El propio texto legislativo ya refleja que el próximo año tendrá lugar una nueva reforma de más "amplio calado", tras la aprobación de una nueva directiva europea en la materia. De hecho, el propio ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha asegurado al término de la votación en los pasillos del Congreso, que el compromiso del Gobierno es poner en marcha una nueva reforma y más "profunda" antes de que finalice esta legislatura.

Wert ha defendido que la ley trata de poner un "remedio puntual" a una serie de cuestiones como la regulación de la copia privada, el régimen de gestión y control de las entidades de gestión colectiva de derechos, así como la trasposición de una serie de directivas europeas sobre obras huérfanas y las fonográficas.

Durante el trámite parlamentario, representantes del sector cultural han organizado varias concentraciones en protesta por esta ley frente a la Secretaría de Estado de Cultura, con rostros conocidos como Ana Belén y Víctor Manuel, Pilar Bardem o Luis Cobos, entre otros. Además, las entidades de gestión, agrupadas en la asociación Adepi, han enviado una carta a los diputados en la que les piden que no voten la reforma porque, a su juicio, traerá "graves consecuencias" para el país, que no aprovecha la oferta cultural.

LA 'TASA GOOGLE'

Esta ley pone en marcha la compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, o la más conocida como 'tasa Google', a pesar de contar con el aviso de que podría cerrarse el servicio de 'Google News' en España.

A favor de la tasa se ha posicionado la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que asevera que "el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial", frente al actual 'statu quo' de Google, que ejerce una "amenazante posición" de dominio al aprovecharse "del esfuerzo ajeno".

Por el contrario, otras asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han reiterado su defensa del "derecho a decidir del empresario" sobre si cobra o no la 'tasa Google', así como la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas, que instó al PP a aceptar las enmiendas de la oposición para incluir a periodistas y a fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración.

Mientras, la Coalición pro Internet, que preside el periodista Arsenio Escolar, encargó a Analistas Financieros Internacionales (AFI) un estudio del que se desprendía que la implantación de la 'tasa Google' tendría un impacto negativo de 1.133 millones de euros al año para los cerca de 17 millones de internautas españoles que consultan medios de comunicación 'on line'.

EL RECHAZO DE LA OPOSICIÓN EN EL CONGRESO

A pesar de que una de las 'promesas' del Grupo Popular en esta tramitación de esta ley era conseguir el respaldo de los grupos de la oposición, la LPI no ha contado ni con el apoyo de sus aliados electorales (Foro de Asturias y UPN). La oposición reprocha al PP que no haya admitido ninguna de sus enmiendas durante el trámite parlamentario, ni haya escuchado las peticiones del sector.

Así, a su paso por el Congreso se aceptaron las nueve enmiendas del PP de las 163 presentadas, así como una veintena en las transaccionales, aunque meros aspectos técnicos; mientras que en el Senado, de las 209 planteadas, sólo se aprobaron las cinco del PP, que hoy se han refrendado en el Congreso.

"Hemos legislado a ojo de buen cubero y es un sector muy importante para el PIB, muy amplio y con posiciones políticas diversas y lo confunden con su adversario político. Tienen una oportunidad ahora con los reglamentos. Hablen con el sector", ha pedido desde el PSOE José Andrés Torres Mora, mientras que la portavoz de CiU, Monsterrat Surroca, cree que hay vulneración de competencias autonómicas y "en cuatro días" la UE dirá a España que esta ley vulnera directivas.

Joseba Agirretxea, del PNV, cree que esta norma se envió en julio al Senado "coja" y este jueves, para su aprobación definitiva, "ha vuelto mutilada", a la vez que Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha lamentado que esta reforma sea una "de las peores leyes" en lo que va de legislatura, así como "una normativa intelectualmente impropia". Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural, ha criticado que esta ley no defiende los intereses del sector y amenaza la función social de las entidades de gestión.

Por parte del PP, Juan de Dios Ruano, ha celebrado entre otros puntos que con esta reforma se haya mejorado la protección frente a las vulneraciones del entorno digital, y se haya acotado el concepto de copia privada o ampliado el derecho de la ilustración.

COPIA PRIVADA

Uno de los temas que más han criticado las entidades de gestión es la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un sistema que consideran injusto puesto que involucra a toda la sociedad, pero también insuficiente, porque la cantidad destinada es mucho menor que la obtenida con el canon. De hecho, las entidades de gestión han afirmado en diversas ocasiones que están dispuestas a tomar medidas "judiciales" al respecto.

A esto se suma la decisión del Tribunal Supremo, que acordó el pasado 18 de septiembre preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este nuevo sistema de compensación se ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, cuestionará si la cantidad total destinada a la compensación, "aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio".

Respecto a las entidades de gestión de derechos de autor, la LPI establece obligaciones a éstas para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos. Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a estas entidades a nombrar a una persona jurídica privada, encargada de centralizar estas operaciones.

Por otro lado, se limita a diez el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, tal y como solicitaron colectivos como CEDRO y la CRUE, con el fin de aclarar qué es lo que se puede reproducir.

Asimismo, se ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros "para aclarar qué es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".