FAES, partidaria de un impuesto al CO2 para el transporte y la calefacción

Esta propuesta aparece recogida en la última edición de 'Papeles FAES', en la que la fundación también se muestra partidaria de "evaluar" la posibilidad de que varias "cargas parafiscales" imputadas a la tarifa eléctrica, entre ellas el decreto del carbón y "quizás" los sobrecostes extrapeninsulares, sean asumidas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sobre el impuesto al CO2, FAES considera que la internalización de las externalidades medioambientales no es actualmente "completa ni proporcionada", ya que "falta una metodología bien fundamentada y coherente para todas las formas de energía y para todas las actividades potencialmente afectadas".

En este sentido, considera que los actuales impuestos medioambientales "no se basan en una estimación ajustada del impacto medioambiental" y en algunos casos "son de muy difícil cuantificación", al basarse en aspectos como el impacto visual, acústico o paisajístico.

La propuesta consiste en establecer un impuesto de la misma cuantía por tonelada de CO2. Su aplicación no solo encaja con las directivas comunitarias, sino que "convertiría a España en pionera en el desarrollo de la normativa ambiental", asegura.

En el caso de los llamados sectores difusos, este impuesto sobre el CO2 resultaría "administrativamente más sencillo" que la participación de estos sectores en el comercio de derechos de emisión, al tiempo que permitiría, de igual forma, internalizar el daño de sus emisiones.

"La recaudación de estos impuestos estaría destinada a financiar políticas medioambientales como el apoyo a la generación renovable, cuyas primas son actualmente sufragadas únicamente por los consumidores de electricidad a través de las tarifas de acceso", indica.

En su análisis de la fiscalidad energética, FAES propone ordenar su aplicación con el objetivo de mejorar la competitividad y eficiencia. "La necesidad de una reforma se hace evidente al observar la variedad de impuestos y la falta de regulación de las competencias", señala.

La fundación también considera que "algunos de los impuestos vigentes no tienen carácter finalista, sino recaudatorio", y advierte de que "el efecto de la reforma no puede ser aumentar los precios de los productos por encima de la media de la Unión Europea".