Gobierno catalán quiere impugnar que se repercuta en la tarifa la indemnización de Castor

En un comunicado, ha asegurado que impulsará "todas las medidas jurídicas" en defensa de los intereses de los consumidores y de los sectores económicos de Catalunya, y se opone a que los costes relacionados con la extinción de esta concesión se puedan imputar a los ciudadanos y a los presupuestos públicos, ya que defiende que el proyecto no entrará en servicio por limitaciones atribuibles al mismo y a su ejecución.

Así, el Govern pedirá que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haga públicos todos los estudios e informes que haya encargado o recopilado sobre los fallos del proyecto, los episodios sísmicos que ocasionó en Terres de l'Ebre (Tarragona) desde el inicio de los trabajos relativos al almacenamiento de gas y los costes que haya ocasionado toda la operación.

Catalunya trasladará los hechos a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre si la decisión adoptada por el Gobierno español se ajusta al derecho comunitario, y también evaluará el impacto del real decreto sobre las familias y empresas para estudiar que puedan reclamar daños y perjuicios.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado este real decreto ley en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, que se irán repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas.