JpD cree que los 'desahucios exprés' limitan los derechos del inquilino y protege al propietario

Bosch ha explicado a Europa Press que la reforma supone un desequilibrio en la relación contractual en beneficio del propietario y en perjuicio del arrendatario y ha indicado que, además, implica acelerar determinados trámites, lo que supondrá "la limitación de las garantías y derechos procesales de los inquilinos".

Según ha señalado, se está olvidando el carácter social del arrendatario y supone una forma del ejercicio del derecho fundamental a la vivienda. "La situación económica es muy difícil, como lo demuestra el hecho de que se ha alcanzado un cifra récord de desahucios. Para agilizarlos el Gobierno debería dotar de más medios a los juzgados", ha precisado.

JpD entiende que la reforma también propone una serie de medidas que darán "inestabilidad" al arrendatario, como puede ser la reducción del tiempo mínimo de contrato o que el propietario pueda recuperar la posesión de la vivienda aunque no esté pactado en el contrato.

Finalmente, ha aclarado que lo que se está buscando es "liberalizar el contrato y proteger los derechos de los propietarios al configurar sus inmuebles como bienes de inversión". A su juicio, esta materia no se puede tratar como un asunto vinculado al mercado y olvidar el factor social que representa la vivienda.

"Estos elementos provocan mayor seguridad jurídica a los arrendatarios y dificultan el alquiler. Si el Gobierno lo quiere incentivar debería buscar medidas para impulsar el arrendamiento social de viviendas sobre el enorme parque vacío en poder de los bancos", ha concluido.