PSOE propone en el Congreso derogar el decreto de autoconsumo y recuperar el subsidio para mayores de 52 años

En una proposición no de ley, que recoge Europa Press, los socialistas defienden la necesidad de un "amplio consenso" para conseguir un modelo energético "de largo alcance, que asegure el acceso a la energía a precios asequibles, convierta al sector en factor de competitividad, reduzca la dependencia, impulse el autoabastecimiento, fortalezca la seguridad del suministro y luche eficazmente contra el cambio climático".

"Necesitamos un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil", insisten, criticando que tanto el decreto ley de 2012 que paralizó indefinidamente las primas a las renovables como el decreto de Autoconsumo aprobado el pasado mes de octubre han supuesto un "duro golpe" y una "restricción" a estas fuentes de energía.

Por eso, piden al Gobierno que elimine las "trabas administrativas, técnicas y económicas" al autoconsumo eléctrico, incluido el llamado 'impuesto al sol' y promueva un marco regulatorio "estable y propicio" para la generación de pequeña escala, impulsando en este sentido el desarrollo del balance neto como sistema de compensación de créditos de energía en un periodo de tiempo tasado.

DEROGAR UN ARTÍCULO DEL CÓDIGO PENAL

En la misma línea derogatoria, el PSOE también ha registrado una proposición de ley para suprimir el artículo 315.3 del Código Penal que, a su juicio, es parte de la estrategia desplegada por el Gobierno 'popular' la pasada legislatura para "asfixiar la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales" hacia sus políticas.

"Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del PP se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y, especialmente, de aquéllas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno", alega la iniciativa.

En concreto, la reforma de este artículo del Código Penal supuso un "incremento" tanto en las sanciones económicas a los piquetes informativos como en las penas de cárcel, con la única finalidad de "tratar de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga a su libertad sindical".

Por eso, y atendiendo a que el delito de coacciones recogido en la misma norma "ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga", el PSOE pide al Gobierno que suprima el punto 3 del artículo 315 y que inste a los jueces o tribunales a revisar las sentencias firmes dictadas conforme a la actual redacción de la norma.

RESCATAR A LAS PERSONAS

Por otra parte, los socialistas también emplazan al Ejecutivo a reestablecer "de forma urgente" el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en las condiciones de acceso existentes antes de 2012.

En particular, se refieren al umbral de renta, ya que el PP decidió que se tuvieran en cuenta los ingresos familiares y no sólo los personales del beneficiario; las cotizaciones a la Seguridad Social, que se redujeron un 20% al eliminar la cotización del 125% de la base mínima; y a su duración, para que se extienda mientras el parado no encuentre un nuevo puesto de trabajo o pueda acceder a la jubilación ordinaria, salvo que optara por la anticipada.

En la misma línea, el PSOE propone una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad que el Ejecutivo 'popular' aprobó hace unos meses y que, a su juicio, "no ha funcionado adecuadamente dado su escaso alcance" como consecuencia de sus duros requisitos de acceso.

La propuesta incluye además algunos de los aspectos que deberían incluirse en esta "verdadera ley integral", como por ejemplo que los jueces puedan paralizar las ejecuciones hipotecarias en caso de insolvencia justificada no dolosa y aplicar la dación en pago con el valor establecido en el préstamo hipotecario. Unas potestades que estarían especialmente reforzadas en casos de familias vulnerables como las que tienen hijos menores o dependientes a cargo.

Igualmente, los socialistas abogan por eliminar el periodo de cinco años durante los que la exoneración es revocable, dar a los créditos públicos el mismo tratamiento que a los privados, reducir requisitos de acceso al concurso personal, permitir que los jueces valoren si los bancos han cumplido sus deberes legales, permitir que las familias vulnerables accedan a viviendas públicas en alquiler social o excluir la vivienda habitual de la ejecución de los avales.

Por otra parte, la propuesta parlamentaria propone crear una Oficina Central Antidesahucios que unifique criterios en todo el país, reconocer el derecho a un alquiler social y a un "plan de rescate personal" para quienes ya han perdido su vivienda, eliminar automáticamente las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios y modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las rentas de inclusión, subsidios, ley de Dependencia, becas, etc. sean inembargables.

GARANTIZAR LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES

La quinta iniciativa económica de los socialistas hace referencia a la necesaria reforma del sistema de financiación autonómico, que debería haber comenzado en 2013 y que aún no se ha planteado, en una "demora injustificada" que hace que muchas comunidades sigan sufriendo "situaciones de infrafinanciación".

"No cabe más demora", señalan en su texto, recordando que los altos cargos y técnicos de la Administración General del Estado "no están en funciones y sí pueden adelantar todos los trabajos de recopilación de información, informes y datos" preceptivos para sentarse a negociar.

Por ello, el PSOE pide al actual Gobierno en funciones o al que resulte investido en las próximas semanas que dé las indicaciones oportunas para que comiencen esos trabajos "de forma inmediata", en aras a conseguir una ley que "garantice la igualdad y suficiencia financiera" para todas las comunidades, "corrija los déficits" de financiación del actual sistema y "garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad" así como la prestación de los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones en todo el país.

Y, mientras esto se consigue, el Gobierno debería "garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las comunidades se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia y permitiendo que las comunidades puedan ejecutar puntualmente los pagos" de su competencia, particularmente los vinculados a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las políticas sociales y las políticas activas de empleo.