El Supremo avala el cobro de peajes de generación a las instalaciones eléctricas de bombeo

Las sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press y fechadas el 7 de mayo y el 6 de junio, respectivamente, rechazan el planteamiento de nulidad presentado por las eléctricas en contra de la disposición adicional segunda del real decreto, en la que se fijaban los peajes que debían soportar las instalaciones con grupos de bombeo.

Las empresas consideran que esta medida vulnera la normativa comunitaria al superar el límite de 0,5 euros por megavatio hora (MWh) en las tarifas por transporte que pueden pagar los productores de electricidad.

Al excederse el umbral, señalan, se estaría vulnerando el reglamento 838/2010 de la Comisión Europea sobre la fijación de directrices relativas al mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte y un planteamiento normativo común de la tarificación del transporte.

No obstante, la sección tercera de la sala de lo contencioso del Supremo se muestra en contra de esta interpretación. Según dice, el umbral fijado por la norma comunitaria está al margen de los peajes que deben pagar las instalaciones de generación por la utilización de las redes para proveerse de energía para el funcionamiento de la propia central.

El cobro del peaje a la generación incluido en el real decreto 1544/2011 supuso una extensión de una medida más amplia incluida en el real decreto ley 14/2010, diseñado por el equipo del exministro Miguel Sebastián para recortar en cerca de 5.000 millones en tres años los costes del sistema eléctrico.

Este real decreto ley incluía un peaje a la generación para todos los productores de electricidad, tanto del régimen especial como ordinario, cuyo valor era de 0,5 euros por MWh, el máximo permitido por la norma comunitaria.

Con esta medida, el Gobierno esperaba ingresar cerca de 150 millones de euros anuales durante tres años, esto es, un total de 450 millones en el trienio, al final del cual, en 2013, debería de haberse aplacado el déficit de tarifa.

El peaje, en vigor desde el 1 de enero de 2011, se aprobó para hacer que los generadores de electricidad participasen en la financiación de las redes, con el argumento de que su actividad contribuye a aumentar el coste de estas infraestructuras.